Por: Eduardo Piali
Antes de reformar la Ley de Transporte Público; antes de ponerle GPS a camiones y taxis o darle la opción a los tamaulipecos de pagar con tarjeta prepagada; la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), los diputados locales y el mismo Egidio Torre Cantú deberán identificar, aclarar, y erradicar vicios añejos en la movilidad urbana tamaulipeca:
Primero: en todas las ciudades principales de Tamaulipas, en absolutamente todas, circulan camiones y taxis irregulares: placas sobrepuestas (vencidas, de servicio particular o incluso ninguna lámina en absoluto), modelos incluso con 30 años de antigüedad, unidades sin rotular, entre otras cuestiones.
El Artículo 6 del Reglamento de Transporte del Estado subraya que tanto las autoridades de la SEDUMA, la subsecretaría y la misma Secretaría de Seguridad Pública (tránsitos, Policía Estatal Acreditable, Militares, Marinos, etc.) deben realizar inspecciones y vigilancias en cualquier momento para hacer valer dicha ley y prevenir el delito, así como solicitar información oportunidad y actualizada a los concesionarios de camiones y taxis.
Sin embargo, no sólo parece pasarse por alto dicho reglamento, sino que los elementos de seguridad pública están a merced de gobierno y prestadores de servicios.
Esto se confirma a mediados de diciembre, cuando en Nuevo Laredo el “Operativo Mercurio” fue accionado apenas un día después de que decenas de Ecotaxis (ruleteros que buscan concesiones para operar en esta frontera desde 2001) salieron a las calles para brindar servicio a los ciudadanos.
Debido a su falta de concesión estatal –y con ello falta de placa de servicio público, antidoping oficial para choferes, licencia y tarjeta de circulación que avale el servicio para pasajeros- los Ecotaxis tuvieron que salir de las calles y esconderse en una bodega cerca de la Zona Centro.
Segundo punto que se debe tratar antes de reformar la Ley de Transporte: vigilar y sancionar tanto a choferes como concesionarios que permitan, promuevan o solapen la alteración en el sistema de control de peaje y las tarifas.
Numerosos usuarios afirman encontrar trapos o ropa amarrada sobre las barras contadoras al frente y atrás de la gran mayoría de las unidades. Hasta el momento, ninguna autoridad o concesionario explica el motivo para que esto siga sucediendo. Únicamente lo condenan enérgicamente.
Respecto a las tarifas, el Periódico Oficial del Estado publicó el 14 de enero de 2013 el “Acuerdo mediante el cual se establecen las tarifas máximas para la prestación del servicio público de transporte urbano de pasajeros en Tamaulipas”. En ello se homologa el costo general de 8.00 pesos y 5.00 pesos para hombres y mujeres de la tercera edad, estudiantes y con capacidades diferentes que quieran disponer del camión urbano.
Además de que una persona en silla de ruedas realmente no puede movilizarse en autobús por la ciudad, el costo es de 8.50 en general. Pero también se cobran 10.00 pesos para aquellos ciudadanos que necesiten viajar a colonias alejadas del centro, tal y como sucede en Nuevo Laredo.
En el caso fronterizo, el subdelegado local de transporte, Fernando Medina García, declaró que existe un arreglo entre concesionarios y gobierno estatal para aumentar la tarifa cuando se trate de “rutas suburbanas”, definidas así por el “largo recorrido que hacen y que a veces solamente regresan al centro con una o dos personas”.
Sin embargo, y contrario a lo dicho tanto por el subdelegado como por el mismo Subsecretario estatal, Gonzalo Treviño Alanís, ninguna de las colonias a las que llegan las rutas de camión que cobran 10 pesos están considerados ejidos están fuera de la mancha urbana.
Basados en el Inventario Nacional de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), rutas de camión como Campanario, Kilómetros 10 y 13, Villas de San Miguel, Colinas del Sur, entre otras, llegan a colonias y fraccionamientos establecidos dentro del primer contorno de los perímetros de contención urbana sugeridos por la Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI) en 2012, determinación que lo confirma parte de la mancha urbana neolaredense.
De esta forma, no sólo se rompe el reglamento y se viola lo establecido en el Periódico Oficial, sino que desconocen (o ignoran) por completo las determinaciones hechas por las instituciones federales que determinan científicamente el urbanismo de las entidades y localidades nacionales.
Por último, el tercer punto es la urgencia de fortalecer a las instituciones encargadas de vigilar, ordenar y regular todo el transporte público en Tamaulipas.
La LXII Legislatura cree prudente realizar cambios en la ley actual sin atacar primero los problemas que enfrentan las subdelegaciones locales: mayor personal capacitado, control y vigilancia en las revistas documentales y mecánicas, transparencia total en las sanciones económicas y administrativas hechas a los concesionarios, entre otras cuestiones.
Si estas cuestiones no se refuerzan primero, cualquier acto legislativo que tenga como objetivo “modernizar” el transporte público no servirá de nada, puesto que los mismos responsables presentan cierto nivel de incompetencia para realizar su trabajo.
De no ser falta de capacidad, entonces refiere cierta complicidad con concesionarios y personas que ponen en riesgo la integridad del pasajero al no estar regulado debidamente por el Estado.
Supongamos que se implementa el sistema de pago de peaje a través de tarjeta prepagada tal y como sucede en Monterrey, tanto en servicio como en precios:
Para aquellos que tengan su tarjeta, su cuota general es de 10 pesos que deberán estar abonados en una tarjeta plástica que se recarga en puntos específicos de la ciudad. De lo contrario, deberán pagar 12 pesos en efectivo
¿Cómo podría un ciudadano pagar semejante cantidad cuando las unidades siguen estando obsoletas por dentro y completamente deterioradas por fuera? ¿Qué justificante utilizaría el Gobernador, la SEDUMA, y la Subsecretaría, para pedirle a la gente continúe aventando su dinero a un barril sin fondo? ¿Qué con ello se comprarán unidades nuevas? Claro que no, pues la experiencia indica que en cada aumento hay un “tiempo límite” para que los concesionarios modernicen la flotilla, el cual nunca se cumple. Tal y como sucedió en 2013 donde se declara que llamarse inocente.
“El concesionario tiene un plazo de un año para cumplir con lo que establece el programa de modernización en Tamaulipas“, según el comunicado de prensa divulgado el mismo 14 de enero de ese año,
Falta mucho por hacer en el tema del Transporte Público; y cambiar la ley creyendo que eso mejorará las cosas.
