(Agencia)
Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó ayer sin modificaciones, con 385 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, la minuta del Senado para crear la Ley General de Transparencia, que obliga a transparentar y permite el acceso a la información de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos, partidos políticos, sindicatos y fideicomisos que reciban recursos públicos.
Pese al amplio consenso mayoritario alcanzado en la votación, el decreto avalado mantuvo firme la decisión de los senadores para impedir que se conozca información específica de la actual Legislatura, la número 62, como son las subvenciones a los grupos parlamentarios.
De igual forma, conforme a los cambios que realizó en su oportunidad el Senado de la República, la Cámara baja confirmó la exclusión en el decreto de la obligación por parte de los servidores públicos de publicitar sus declaraciones patrimoniales, así como la protección a los informantes.
Se trata del ordenamiento que regula el artículo 6º de la Constitución en materia de transparencia y acceso a la información, y se compone de 216 artículos y 13 más de carácter transitorio.
Luego de poco más de cinco horas de discusión en lo general y lo particular —el debate arrancó a las 11:40 horas y concluyó a las 16:44 horas—, en el que se desahogaron sin éxito 34 artículos en reserva, los diputados aprobaron que en breve, el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) cambie de nombre por el de Instituto Nacional de Transparencia.
Este nuevo organismo será “cabeza” del Sistema Nacional de Transparencia o Anticorrupción, cuya minuta avalada en San Lázaro días atrás deberá ser aprobada en las siguientes horas por el Senado, conforme a los compromisos de agenda legislativa pactados.
Lo anterior significa que la nueva Ley deberá regular la organización y funcionamiento de dicho Sistema, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes.
Entre los considerandos principales se señala que toda persona tiene derecho al acceso a la información sin discriminación, ni estará condicionado a que el solicitante acredite interés de ningún tipo o justifique su utilización.
Al fundamentar el dictamen en tribuna, el presidente de la Comisión de Gobernación en San Lázaro, el diputado jalisciense Abel Salgado, aseguró que con esta ley se da término a cualquier privilegio para personas físicas, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y fondos públicos.
Agregó que se amplió el catálogo de obligaciones de transparencia a cargo de los sujetos obligados, al pasar de 17 a casi 50, entre las que destacan las relacionadas con los montos destinados a gastos relativos a la comunicación social y publicidad oficial.
Además de los montos, criterios y convocatorias de personas físicas o morales a quienes por cualquier motivo se les asigne o permita usar recursos públicos.
Deberán ser transparentes, a partir de esta nuevas Ley, las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias y autorizaciones otorgados, así como la información sobre los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza.
Una vez aprobado, el decreto fue remitido de inmediato al Ejecutivo para su publicación, a partir de lo cual quedará legalmente constituida la Ley General de Transparencia.
Auto considerado el impulsor de todo este mecanismo de transparencia, el PAN, por conducto de su diputado Fernando Rodríguez Doval, dijo en tribuna que aprobó el dictamen con la finalidad de promover, fomentar y difundir la cultura de la trasparencia en el ejercicio de la función pública, y evitar así el uso opaco de los recursos públicos.
