(Agencia)
Ciudad de México.- Tras la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, el presidente Enrique Peña Nieto formuló un reconocimiento a senadores y diputados federales por alcanzar este acuerdo.
Desde la Base Aérea Santa Lucía, durante la inauguración de la I Feria Aeroespacial México 2015, el mandatario refirió que sin duda este sistema es “un esfuerzo inédito en tiempos recientes para combatir y prevenir actos de corrupción en el ámbito público y también a veces en el ámbito privado”.
“Muchas felicidades por este logro y esta aportación al fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano”, agregó.
La reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción fue aprobada la víspera por la Cámara baja.
Mediante este sistema –de acuerdo con la reforma— los tres niveles de gobierno podrán prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades administrativas, hechos de corrupción, así como fiscalizar y controlar los recursos públicos mediante un comité coordinador y uno de participación ciudadana.
En coordinación con el comité ciudadano que se integrará por 5 ciudadanos destacados en el ámbito de transparencia, el comité coordinador podrá diseñar, promover e instrumentar políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, con la finalidad de que, a través del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se impongan las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves, así como a los particulares que participen en actos vinculados con éstas.
Dicho tribunal lo integrará una Sala Superior compuesta por 16 magistrados propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto y una vez ratificados por el Senado por las dos terceras partes de sus miembros, podrán permanecer 15 años en el cargo; por su parte, los magistrados de las salas regionales serán designados también por el Ejecutivo y ratificados por la mayoría de los integrantes presentes del Senado para durar 10 años con la facultad de ser considerados para nuevos nombramientos.
Derivado de esta reforma, el Congreso de la Unión estará facultado para expedir tres nuevos ordenamientos legales: La Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos; y la Ley General que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones y las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran.
Con esta reforma se fortalecen las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación y se podrá fiscalizar tanto el ejercicio fiscal en curso como ejercicios fiscales anteriores, con el fin de garantizar que las irregularidades cometidas en años distintos a los de la revisión de la cuenta pública o al del ejercicio fiscal actual no queden impunes.
Las sanciones a los servidores públicos que imponga la ASE consisten en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable, así como los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.
Por su parte, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán hacer las adecuaciones normativas correspondientes dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales, para crear sistemas locales anticorrupción encargados de fiscalizar las acciones de estados y municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos.
