Por: Eduardo Piali
Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Un delegado neolaredense de la Secretaría de Desarrollo Social y una integrante de la campaña de la actual candidata a la diputación federal por el PRI, Yahleel Abdala Carmona, fueron denunciados ante la PGR por presuntos delitos electorales.
Fueron las dos mujeres residentes de colonias populares en esta ciudad fronteriza, Martha Catalina Vieyra Vázquez y Juana María Villanueva de León, quienes luego de ser amedrentadas por ambos funcionarios decidieron recurrir a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) para proceder contra Javier Acosta y Anel Perales.
Villanueva de León fue quien denunció al Delegado de Prospera en Nuevo Laredo, Javier Acosta, luego de que éste condicionara el voto a favor del Partido Revolucionario Institucional a cambio de permanecer enrolada en este programa de asistencia federal.
“Él anda al pendiente de (a) quién anda apoyando la gente, que le diera lo nombres de quiénes andaban trabajando con ella. El señor Acosta me dijo: usted sabe bien que el apoyo lo tiene del Gobierno del Estado; y yo le dije que sabía que el gobierno es priista, y me respondió: ‘entonces ya sabe a quién tiene que apoyar y por quién votar si no le va a ir muy mal”, afirma Juana María que le dijo el Delegado de Sedesol.
Y en el caso de Vieyra Vázquez, quien acusa a Anel Perales por instalar propaganda en su casa sin autorización.
“Me colocaron una manta del PRI. Yo no les dije nada. La quite de inmediato y puse mejor la del PAN; Después de eso quieren obligarme apoyar al PRI y yo no quiero ni me interesa. Me dijeron que me podían perjudicar y que me retirarían la despensa, Anel Perales fue la que me amenazó que podía perjudicarme; pero no tiene nada de malo que me vaya a otro partido yo la siento como una amenaza”, denunció Martha Catalina.
Ambas afectadas solicitaron al Ministerio Público de la Federación, a la PGR y a la FEPADE, que le dieran seguimiento a estas denuncias, las cuales de proceder en contra de ambas personas podría cumplir una pena de entre seis meses y hasta nueve años de prisión.
Hace una semana, luego de que ambas mujeres dieran a conocer estos abusos a los medios de comunicación, la abanderada del partido imputado propuso que tanto ellas como cualquier otro ciudadano denuncie casos que perjudiquen los procesos electorales, pero que lo hicieran con nombres y apellidos.
