Redacción / MuroPolítico
Ciudad de México.- Uno de los puntos más críticos en el dictamen de Ley de General de Aguas, por el cual sociedad y científicos lograron mantener a raya su aprobación en el Senado y ampliar su discusión, fue la falta de representatividad ciudadana en ésta así como la penalización de la investigación.
Helena Cotler, ex directora de Manejo de Cuencas y Adaptación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, es una de las mayores especialistas en el país en el manejo de cuencas y conoce de cerca las consecuencias de ambos problemas. En entrevista, enfatiza que en toda la discusión ha habido un diagnóstico bastante erróneo.
Pero por qué se refiere que la participación ciudadana queda al margen de la ley, si bien en la realidad ya había sido soslayada décadas atrás. No es algo nuevo. “Hemos tenido una experiencia de 20 años con consejos y comisiones de cuencas y ha resultado que estas figuras —que deberían coordinar a gobierno, sociedad y academia— no han funcionado. Son muy burocráticas y cubren territorios muy grandes (un consejo de cuenca cubre toda el área de Lerma-Chapala, que comprende cinco estados y 250 municipios, por ejemplo), por lo que resulta imposible involucrar a la sociedad, añade.
Para que las personas participen más, puntualiza la académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, los consejos de cuenca deben delimitarse a territorios más pequeños. “Todos nos sentimos aludidos cuando se discuten problemas más cercanos a nosotros, en nuestro barrio o colonia, y así tomamos acciones. Es igual con las cuencas, la gente es más consciente cuando ve un problema de contaminación en el río que es cercano o en su degradación”.
Para permitir una participación real, la especialista refiere que estos territorios de gestión deberían de pasar de los 26 consejos de cuenca, para todo el país, a alrededor de 50 divididos en comisiones y comités con voz y voto para que la gente opine y decida cómo gestionar y distribuir el recurso.
CIENCIA. Por otra parte, Cotler Avalos enfatiza que investigación debe de estar muy presente dentro de la ley y las políticas públicas, principalmente a través del monitoreo de la calidad de agua. “Actualmente, Conagua analiza muy pocos parámetros que son generales, pero en el medio ambiente tenemos muchos más contaminantes debido a las industrias, la actividad minera y, ahora, con el fracking, que generará muchos más contaminantes”. Entre estos contaminantes se encuentran hormonas, antibióticos, compuestos organoclorados y pesticidas a los que nadie da seguimiento, agrega.
Es en este punto donde la academia tiene un papel muy importante y debe realizar análisis para estudiar en qué situación está el agua de presas y los ríos, y prever escenarios como el cambio climático, por ejemplo. “Esto tampoco se refleja en la ley que se propuso, al contrario se está sancionando que otras entidades distintas a Conagua realicen monitoreo”. Si buscamos medidas de adaptación contra el cambio climático, ejemplifica, se requiere de mucha información para cambiar nuestras prácticas de manejo o cambiar el tipo de política al respecto.
Para la también especialista en erosión de suelos y servicios ecosistémicos, la gestión social y fortalecimiento de la evaluación y monitoreo científico del agua son centrales en cualquier otra propuesta, como se incluye en la ciudadana, de una Ley General de Aguas. “Si tenemos más de la mitad de las cuencas del país en un grave estado de deterioro, los resultados servirían para priorizar hacia donde debe el gobierno federal, en coordinación con gobiernos estatales y privados, enfocar sus esfuerzos”.
Y es que resultaría difícil distribuir todos los recursos a todas las cuencas, pero existen algunas donde el deterioro es tan grande que ya impacta en otras aledañas, apunta. Los trasvases —obras hidráulicas que busca incrementar la disponibilidad de agua en una población adicionando agua desde una cuenca vecina— es un reflejo de este impacto. “La cuenca del río Pánuco, que podría estar en un estado medio, estará cada vez más deteriorado porque se le saca agua e impide que diluya contaminantes, los cuales se concentrarán y empeorarán la calidad del río, con ello todos los ecosistemas acuáticos y propiciará, a su vez, un incremento en la probabilidad de inundaciones”.
Ahora bien, para entender este panorama se requiere información e investigación, la cual sería muy difícil de obtener si el dictamen de la ley hubiera sido aprobado tal cual, no obstante fue por este tipo de motivos que investigadores, científicos y sociedad civil se opusieron férreamente a ésta. “Se paró, ahora deberemos esperar al siguiente periodo legislativo, pero la mayoría de la población está convencida de que se requiere una ley cuyos objetivos no estén trazados para fines privados, sino para intereses públicos y lo que queremos todos los ciudadanos es información sobre qué tipo de agua es la que tenemos”.
Información sobre su calidad, cantidad, variación y qué se puede esperar en el futuro, dice Cotler, cómo se pueden planear nuestras actividades, cómo se puede decir que ahorremos, quién nos dice que lo hagamos y dónde está la información… “es básico para entender cómo se encuentra el recurso y poder manejarlo correctamente”.
