Redacción/MuroPolítico
México DF.- La Comisión de Fiscalización en el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sancionar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por un monto de 329.5 millones de pesos por los promocionales de los legisladores y que forma una aportación en especial al partido político lo cual está prohibido en la Ley.
La sanción en materia de fiscalización se desprende de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que se determinó que el PVEM obtuvo un beneficio indebido de los promocionales alusivos a los informes de labores de los legisladores que se transmitieron entre septiembre de 2014 y febrero del 2015. El proyecto considera que estos promocionales constituyeron una aportación en especie de parte de personas que tienen prohibido hacer donaciones a los partidos políticos.
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El proyecto de resolución deberá ser turnado al Secretario General del Consejo General del INE para que aquel órgano máximo de dirección discuta y, en su caso apruebe, la resolución de este caso en una sesión que se celebrará el próximo miércoles 13 de mayo.
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El proyecto de resolución aprobado por la Comisión de Fiscalización se desprende de las quejas presentadas por los Partidos de la Revolución Democrática y MORENA. La Comisión determinó calificar la infracción como grave especial e imponer una multa equivalente al 300 por ciento del monto de los contratos para la producción y difusión de los promocionales.
Al estar prohibidas las aportaciones del Poder Legislativo a partidos políticos, la resolución de la Unidad Técnica de Fiscalización propone sancionar al PVEM por un monto de 322.5 millones de pesos por los promocionales pagados por los grupos parlamentarios y por 6.8 millones de pesos adicionales por aquellos pagados por legisladores del partido, a partir de la reducción del 40 por ciento de su ministración mensual hasta alcanzar la suma de la sanción.
Asimismo, la Comisión de Fiscalización resolvió dar vista a las contralorías de las Cámaras de Diputados y Senadores, así como al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que en el ámbito de sus competencias resuelvan lo que en derecho corresponda.
