Ciudad de México.- Luego de seis sesiones, los ministros de la Suprema Corte resolvieron las 26 solicitudes de amparo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) contra la reforma educativa y determinaron no amparar ni proteger a los inconformes: declararon constitucional la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD).
El presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, explicó que la dirigencia de la CNTE presentó un escrito en el que solicita que se atraigan más casos, ya en que los 26 resueltos no se tocaron todos los agravios del interés de los maestros inconformes.
Por esta razón los 7 mil 600 amparos interpuestos por los maestros disidentes tendrán que esperar su resolución en tanto el máximo tribunal del país analiza si se atraen más de estas demandas.
De no ser atraídos otros recursos, los ministros de los diversos tribunales del país tendrán que resolver en el mismo sentido que la SCJN.
Aguilar Morales aseguró que la Corte ya ha solicitado a los tribunales que les informen si existen o no asuntos que deban ser estudiados por el máximo tribunal del país.
“Hemos solicitado a los tribunales que nos manden asuntos en los que consideren esto; se hará el análisis correspondiente y si en efecto hubiese algún tema que no se hubiese resuelto ya por el Pleno de este Tribunal se dará cuenta a sus señorías para la atracción del asunto y su resolución en su caso”, subrayó el ministro presidente.
Durante la sesión de este jueves, los ministros también resolvieron que los derechos laborales de los docentes no están por encima de una educación de calidad; ya que los artículos 25, 53, octavo y noveno transitorios de la LGSPD no violan sus derechos laborales, a la dignidad, al nivel de vida ni al principio de progresividad.
En esta ocasión, también por unanimidad, los ministros de la Corte ratificaron los criterios que emitieron en el amparo 295/2014, en el sentido de que es constitucional el sistema de evaluación para los maestros, el cual es obligatorio para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes al servicio del estado.