Ciudad de México.- El general chileno Manuel Contreras, considerado el máximo represor de la dictadura de Augusto Pinochet, condenado a más de 500 años de prisión, agoniza en el hospital militar de Santiago y su muerte podría ocurrir en cualquier momento, informaron ayer fuentes penitenciarias.
Contreras, de 86 años, cuya salud que se agravó en las últimas semanas, empeoró en las últimas horas, por lo que se le suspendieron todos los tratamientos y solo recibe calmantes para el dolor, precisaron fuentes de Gendarmería (Servicio de Prisiones).
CONCIENCIA. Debido al agravamiento de su salud, el equipo médico de Contreras decidió retirarle el tratamiento regular de diálisis. Sólo está con morfina, para esperar un desenlace fatal en cualquier momento.
El militar en retiro tiene cada vez menos estados de conciencia y está prácticamente en un estado de coma permanente.
El ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet, padece desde hace años de un cáncer de colon que en el último tiempo está controlado, de hipertensión y de una diabetes que le afectó los riñones, por lo que era dializado tres veces a la semana.
PROTAGONISTA. En tal condición permanece en el hospital militar desde septiembre del 2014, pero de todos modos entró hace dos semanas en un proceso terminal, según sus allegados.
El militar, gestor de episodios como la Operación Colombo y la Operación Cóndor, que involucraron en los años 70 y 80 a las dictaduras militares de la región en operaciones coordinadas para eliminar opositores, está condenado a más de 500 años de prisión en 58 sentencias definitivas y todavía tiene otros juicios que están en proceso.
El hospital, a petición de la familia, ha mantenido silencio sobre la evolución de la salud de Contreras.
VÍCTIMAS. Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según cifras oficiales, unos 3 mil 200 chilenos murieron a manos de agentes del estado, de los que mil 192 aún figuran como detenidos desaparecidos, mientras que otros 33 mil fueron torturados o encarcelados por causas políticas.
Según organismos de derechos humanos y agrupaciones de familiares de víctimas, más de la mitad de las desapariciones, ejecuciones y torturas fueron cometidas por agentes de la DINA.
