Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Seguridad en Tamaulipas, desmanteló 70 casinos dentro de los penales, principalmente en el norte y centro del Estado.
Aunado a ello, los diferentes operativos que han realizado, los elementos de la Policía Estatal “Fuerza Tamaulipas”, dieron como resultado el desmantelamiento de 45 celdas de privilegio.
“Estas acciones provocan reacciones y denuncias como las que se tienen y atienden ahora”, aseguró el Secretario de Seguridad Pública General Arturo Gutiérrez García.
El General Gutiérrez, se reunió con el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tamaulipas, José Martín García Martínez, de acuerdo a un comunicado que envió la dependencia del Gobierno del Estado.
Aunque no se dieron detalles de esta reunión, se informó que el Ombudsman de Tamaulipas y el responsable de la seguridad en el Estado, se reunieron en el Complejo de Seguridad Pública, en donde se abordaron temas relacionados con las quejas y recomendaciones que existen en contra de la Secretaría de Seguridad, por el actuar que han tenido los elementos de Fuerza Tamaulipas contra ciudadanos y los propios internos de los seis CEDES que existen en la entidad.
Los resultados de esta reunión no fueron difundidos, pero se dijo que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos conoció sobre el trabajo que realizan la Subsecretaría de Operación Policial y la de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social.
Sin embargo, el el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tamaulipas, José Martín García Martínez, se asegura en el comunicado, “reconoció el valor que tienen los policías estatales y los avances que se registran en materia de seguridad, lo que propicia que la percepción ciudadana cambie y sea más positiva”.
Cabe señalar que Tamaulipas tiene seis Centros de Ejecución y Sanciones -CEDES- ubicados en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Altamira, Victoria y Tula. Se habla que existe una sobrepoblación en todos los penales aunque oficialmente, la autoridad sólo reconoce a Reynosa con una población de 1700 internos cuando el penal tiene una capacidad máxima de mil 400 internos.
En todos ellos se estima que hasta el mes de junio, había poco más de 7 mil 050 internos.
Las principales quejas que se han interpuesto, de acuerdo a la información oficial que la Comisión de Derechos Humanos ha difundo es que a los reos, les niegan el acceso a mejores alimentos y sus familias son sometidos a una revisión inadecuada.
