Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos -CNDH- entregó un documento a la Cámara de Diputados donde denuncia sobrepoblación en los principales penales de Tamaulipas, condiciones insalubres como viven los reos y violaciones a derechos humanos así como falta de capacitación y manual de procedimientos para el ingreso, traslado de internos, motín, uso de la fuerza.
[su_pullquote align=”right”]La CNDH revela en un informe entregado a los Diputados Federales, las condiciones en que se encuentran tres de los principales Centro de Ejecución de Sanciones en Tamaulipas.[/su_pullquote]
En el documento que entregó a los Legisladores Federales, la CNDH pone una calificación de 5.14 a los penales de Tamaulipas dentro del “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria”, en el cual revisó los Ceresos de Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, en los cuales halló deficiencias en su infraestructura, en la seguridad, en la entrega de servicios médicos, en separación de reos procesados sentenciados, en áreas para mujeres y hombres, una sobre población que rebasa los 250 internos y falta de personal de custodio femenino. así como revela que existen “cobros por parte de los custodios y la presencia de cobros por parte de los internos”.
Agrega el documento,“En la visita que se realizó se constató que existen áreas de privilegios, de objetos y sustancias prohibidas y de internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población. Deficiencias en la elaboración, distribución, consumo y calidad de los alimentos e inexistentes dietas especiales”.
La CNDH explica en su Diagnóstico, realizado que, se trabajó en los centros estatales penitenciarios más poblados de Tamaulipas y del país, tanto en el Matamoros, como Reynosa y Nuevo Laredo registran calificaciones reprobatorias.
A manera de referencia, reseña que en 2011 la calificación de los Centros de Ejecución de Sanciones en Tamaulipas fue de 5.88; En el 2012 bajó a 5.67, mientras que en el 2013 empeoró a 5.37 y en el 2014 con el 5.14 de calificación.
“En la imposición de sanciones se ha observado que no en todos los casos se respeta el derecho de audiencia, no se realiza certificación de integridad física y el cumplimiento de la sanción el trato a los internos no se apega a condiciones de vida digna; se suspende la visita, así como cualquier tipo de comunicación, sin notificación a los familiares, de la sanción impuesta”.
La CNDH, revela que en algunos centros se detecta deficiencia o inexistencia de áreas que deben conformar las instalaciones, a fin de que reúnan las condiciones para cumplir con sus objetivos, tal es el caso de las áreas de ingreso, cocina, comedores, servicio médico, aulas, talleres, de actividades laborales, entre otras, así como dormitorios lo que provoca hacinamiento, con deficientes condiciones materiales y de higiene, falta de mantenimiento, de agua y de mobiliario.
“Otra problemática detectada es la deficiencia en el control de los centros por parte de la autoridad, permitiendo que los internos intervengan con poder de decisión en la seguridad, los servicios y las actividades, productivas, educativas y deportivas, de alimentación, mantenimiento y limpieza, así como el control de ingreso de visitas tanto familiar como íntima , uso de los teléfonos y otros, situación que vulnera la seguridad, favorece la violencia y presión que se ejerce para mantener el control”.
Los Centro de Ejecución de Sanciones
En el penal de Matamoros, donde existe una capacidad de 1,545 internos y que al momento de la visita existían 913, la CNDH encontró “Deficiencias” en la prevención y en la atención para atender incidentes violentos, inexistente prevención y acciones para atender incidentes violentos. Deficiencias en la prevención de probables violaciones a derechos humanos, así como en su atención en caso de que sean detectados, inexistencia de procedimiento para su recepción y atención.
La población del Centro de Ejecución de Sanciones en Reynosa que tiene una capacidad oficial de 1496 internos, al momento de la visita se contabilizaron 1556 y se encontró que en todos los temas supervisados por la CNDH, este penal reprobó.
“Existe Sobrepoblación y hacinamiento. Deficiencias en servicios para mantener la salud de internos en el personal para atender a los internos, medicamentos, falta de material de curación, así como inexistente unidad odontológica e Inexistente prevención y atención de incidentes violentos”.
En el Cereso de Reynosa, revela el documento de la CNDH, existen áreas de privilegios, de objetos y sustancias prohibidas y de internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población. Presencia de cobros por parte de los custodios. Presencia de cobros por parte de los internos.
Deficiencias en la capacitación para el personal de seguridad y custodia, e inexistente capacitación del personal técnico.
“-Hay- Deficiencias en la integración del expediente técnico y jurídico. Inexistente clasificación técnica – criminológica de los internos. Inexistente separación entre procesados y sentenciados en áreas comunes y deficiente en dormitorios. Inexistencia del Consejo Técnico Interdisciplinario”.
En Nuevo Laredo donde el penal tiene una capacidad de 1069 internos, la población alcanza los 1,268 presos, tienen una gran coincidencia con el resto de las observaciones en Reynosa y Matamoros, pero además se encontraron “Deficiencias en los servicios para mantener la salud de los internos en el equipo médico, instrumental, insuficiente personal, atención médica, falta de material de curación, deficiencias en la unidad odontológica y consultorios”.
Aunado a que existen deficiencias en la elaboración de estudios técnicos para beneficios de libertad anticipada y en la vinculación del interno con la sociedad. Hay además Insuficiente personal de seguridad y custodia femenino, falta de personal para traslados y para cubrir ausencias, vacaciones e incapacidades y deficiencias durante el proceso de imposición de sanciones disciplinarias.
En los penales de Tamaulipas se coincide en que hay inexistente alimentación de los hijos de internas que viven en el Centro, deficiencias en la atención médica a las personas con discapacidad física y discapacidad mental. Inexistente registro y ubicación por motivos de salud de internos con VIH/SIDA y son inexistentes los programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.
