Ciudad de México.- José María Romero, vicario judicial adjunto del Tribunal Inter-diocesano de México, precisó que aun cuando el papa Francisco ya ordenó la gratuidad del trámite de nulidad del matrimonio eclesiástico, aún no se determina cómo se cubrirán los gastos que genera este procedimiento, por el cual, en la actualidad, el cobro llega a alcanzar montos de hasta 16 mil pesos.
Consultado por Crónica, refirió que será en octubre próximo, en el Sínodo de la Familia, cuando los obispos definirán las acciones que se instrumentarán con el fin de garantizar la gratuidad general, en todos los casos, no sólo en las solicitudes de quienes afrontan graves dificultades económicas.
Señaló que la gratuidad de este trámite, no es un asunto nuevo, ya que para casos en que los solicitantes no cuentan con suficiente solvencia económica, se hace una exención de dicho pago.
—Como lo anunció el papa Francisco, en caso de que aplique la gratuidad para todos los solicitantes ¿cómo se cubrirán los gastos que este trámite generaba?
—El Código de Derecho Canónico indica que el obispo establece costas judiciales, mismas que sirven para sostenimiento de los gastos del proceso, como la remuneración del personal del Tribunal, de los Peritos, de los servicios de correo, teléfono, gastos de oficina, etc., y en este momento es difícil contestar cómo se cubrirán estos gastos antes del Sínodo de la Familia que se tendrá en octubre próximo.
Sin embargo, podría decir que ahí los obispos tendrán oportunidad de intercambiar experiencias, sobre cómo hacen y piensan hacer para asegurar la gratuidad.
—¿A cuánto ascienden estos costos?
—En la actualidad existen varios criterios. Los tribunales de Estados Unidos piden una cantidad simbólica de unos 300-600 dólares; en España se habla de unos 1000 euros, pero se puede pedir una reducción o eliminación de los costos… En Italia se pagan unos 500 euros.
Calculo que los gastos para tratar cada causa —prosiguió—son de entre 12,000 y 16,000 pesos mexicanos, dependiendo de la tratativa de cada causa (si hay peritajes médicos, psicológicos o psiquiátricos, si se tienen que hacer interrogatorios foráneos, las diligencias internacionales, etcétera).
Cada conferencia episcopal estudiará el asunto y, en el caso hipotético de la gratuidad en todos los casos, los gastos tendrían que ser asumidos por las curias diocesanas y por las conferencias episcopales.
Lo que es seguro es que nuestros obispos encontrarán una solución pastoral a este asunto tan deseado por el papa Francisco y por los obispos sinodales.
—Ante la gratuidad del proceso ¿ya se tiene contemplado cómo se instrumentará la misma, o si en algunos casos se seguirá cobrando?
POBREZA COMPROBABLE.
—Primero, hay que destacar la preocupación de la Iglesia, para que los fieles pueden iniciar un proceso de nulidad matrimonial aun si su situación económica no les permite afrontar las costas judiciales, lo cual se contempla en la Instrucción Dignitas Connubbi, de 2005. Ésta, en su artículo 305 señala que quienes estén en completa imposibilidad de afrontar las costas pueden ser eximidos de ellas, y quienes pueden asumirlas en parte podrán obtener una reducción. La imposibilidad de pago o la posibilidad de la reducción de los costos procesales deberán ser comprobables, y esto lo llevamos a cabo en todos los tribunales.
En el Sínodo extraordinario de las familias 2014 se discutió mucho sobre este asunto. Y el papa Francisco, al final de las sesiones, decía que algunos participantes proponían la gratuidad y en ese sentido fue el motu proprio (documento pontificio) anunciado el pasado 8 de septiembre. Cuando el documento habla de la “gratuidad” afirma:
“Las Conferencias Episcopales deberán procurar, en la medida de lo posible, sin perjuicio de la justa y digna remuneración de los operadores de los tribunales, que quede asegurada la gratuidad de los procedimientos, para que la Iglesia se muestre cual madre generosa”. Esto indica, que el documento da libertad a todas las conferencias episcopales sobre cómo conjugar en su propio territorio el binomio “la digna remuneración” de los operadores de tribunales y la “gratuidad” de los procedimientos.
—¿Cuántas solicitudes de nulidad matrimonial se han presentado en el último año en nuestro país?
—En 2014 se introdujeron 184 causas, mismas que, en general, fueron resueltas en primera instancia. Nuestro tribunal tiene buen número de personal cualificado entre jueces, notarios eclesiásticos, defensores del vínculo, peritos en psicología, psiquiatría, lo cual nos permite que aun antes de la reforma hecha por el Papa Francisco nuestras causas sean juzgadas por las dos instancias en solo 1 año y seis meses, como lo pide el Código derecho canónico.
