Ciudad de México.- Pavimentación de calles y caminos rurales, construcción de espacios deportivos, canchas de futbol, basquetbol, beisbol, tenis y reparaciones de escenarios de teatros al aire libre, son algunas de las obras en las que intervendrán directamente algunos diputados en sus distritos, municipios o entidades, a cuenta del presupuesto público, durante el próximo año.
Para algunos legisladores, esta actividad propia de una autoridad administrativa (planear, conducir y vigilar obras públicas), resulta necesario porque los municipios no tienen dinero libre o bien porque fue una demanda de campaña que se puede ejecutar con esta “atribuición” extra de los diputados.
Un priista, no obstante, juzga que es una actividad claramente ajena al terreno legislativo y que fue una perversión heredada de los panistas que han pasado por San Lázaro.
Los recursos para que los diputados intervengan directamente en obra pública están incluidos en el Presupuesto de Egresos 2016, cuyo dictamen será llevado al pleno para su votación este jueves, y que deja intacto un rubro millonario para que los diputados gestionen obras en sus lugares de origen, pese a que ello propició, en años anteriores, el surgimiento de los llamados “moches”.
El vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que no está aún especificado el monto que tendrá esa partida, pero prometió que “habrán de disponerse los candados necesarios para evitar malos manejos” de los recursos públicos.
Diputados federales como David Sánchez Isidoro, del PRI, representante del distrito 6 en Coacalco, Estado de México, Alberto Martínez Urincho, PRD por el distrito 1 en la Delegación Gustavo A. Madero, en esta capital, y del Partido Verde, José Refugio Sandoval, del Distrito 6 en Coahuila, resaltaron en entrevistas por separado, que la existencia de esa partida se justifica por las necesidades que hay en sus lugares de origen y que no pueden ser atendidas con las otras partidas del Presupuesto.
Para Sánchez Isidoro y Martínez Urincho, sus respectivos distritos enfrentan problemas añejos que no han podido ser resueltos a través de las partidas presupuestales, que se encuentran perfectamente etiquetadas y dejan en muchas ocasiones literalmente “sin un peso” a asuntos tan importantes como el deporte y la pavimentación de una, dos o más calles o caminos rurales, señaló el priista.
Los legisladores se convierten en gestores ya que intervienen para definir las litas de obras que tendrán recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que garantiza su realización.
El legislador del PVEM, José Refugio Sandoval, señaló que fue en su campaña electoral en la que los ciudadanos de su distrito le demandaron mejoraras de los espacios deportivos, toda vez que hay muchos jóvenes y las canchas de futbol no se cuenta con sombras para descansar un poco en el entretiempo.
Ramírez Marín, en tanto, indica que la cifra global en el ramo presupuestal en el que quedarán estas obras es aún una incógnita, pero que “se han manejado cifras estratosféricas de 17 mil millones de pesos o hasta el doble”. Ni una ni otra será la correcta, garantizó.
Esta actividad “operativa” de los legisladores convirtió en una verbena el recinto legislativo el pasado 29 de octubre. Era el último día para definir proyectos y los pasillos en torno a las oficinas y el mismo patio central lucían llenos. Llenos de consultores y presidentes municipales buscando un lugar en las listas de los proyectos que los diputados palomearían para su ejecución.
NO SOMOS EJECUTORES. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, Baltazar Hinojosa, del PRI, no está de acuerdo en que esa partida permanezca en el Gasto Público de 2016, y acusa al PAN en legislaturas anteriores de haber introducido el concepto “a sabiendas de que los diputados no somos ejecutores de obras”.
Pero de revertirlo, por ahora no lo juzga posible: “el concepto ahí está y la única forma de evitar malos manejos es a través de la aplicación de candados transparentes y debidamente auditables”.
Cabe recordar que en la pasada Legislatura este concepto introducido en el Presupuesto desató el escándalo de los llamados “moches”, cuando se descubrió que algunos de los legisladores “exigían” a los alcaldes una cantidad determinada a cambio de beneficiarlos con los recursos para las obras solicitadas.
El “moche” alcanzó incluso algún grado de sofisticación ya que se pudo determinar que un coordinador de bancada concedía los recursos al municipio al que pertenecía, sólo bajo el compromiso de que la obra la realizara su propia empresa constructora.
Hoy los diputados de la actual Legislatura han decidido, según parece, mantener el concepto como parte del Presupuesto de Egresos para 2106, y a cambio sólo ofrecen garantías para transparentar la ejecución de los recursos que en su momento les serán asignados.
