Ciudad de México.– “Si hay pruebas de que Guillermo Padrés, durante su gubernatura en Sonora, desvió recursos públicos o hubo corrupción, se tiene que aplicar la ley”, expresó el senador panista Daniel Ávila Ruiz.
En conferencia de prensa, el legislador dijo que “si el ex gobernador de Sonora desvió recursos públicos, cometió fraude, hubo corrupción en su gobierno, y está totalmente soportado con pruebas de que hubo casos de corrupción y de desvío de recursos públicos, sea gobernador del PAN, del PRI, del PRD o de cualquier color, se tiene que aplicar todo el peso de la ley”.
Tras señalar que la clase política en México ya no tiene credibilidad, el senador por Yucatán resaltó que los ciudadanos están hartos de todos los políticos, por lo que se debe generar credibilidad, y la manera de hacerlo es aplicar la ley y que no haya impunidad en el país.
Ávila Ruiz enfatizó que, ante cualquier acto irregular comprobado, se debe aplicar la ley “sea quien sea y caiga quien caiga, llámese Padrés o llámese como se llame o el apellido que tenga, si se le comprueba que hubo desvío de recursos públicos, que se robó el dinero de los sonorenses, se le tiene que aplicar todo el peso de la ley y si hay cárcel tendrá que irse a la cárcel. Eso va para cualquier presidente municipal, va para cualquier gobernador de cualquier color”.
En otro tema, se refirió a la reforma electoral que impulsa el PRI para regular los tiempos oficiales a los que tienen acceso los partidos políticos y poner candados para evitar actos anticipados de campaña por parte de algunos políticos.
“Yo en lo personal creo que tiene que haber piso parejo para todos los contendientes dentro de los partidos políticos y fuera de los partidos políticos. Y si para que haya piso parejo se tiene que reformar la ley electoral federal, pues se tendrá que hacer. No puede ser posible que algunos sí tengan preferencias que otros. Yo creo que tiene que haber piso parejo para todos”.
Ávila Ruiz también se refirió al turismo electoral, el cual, confió, se logre desincentivar en el proceso electoral de 2016, luego de que se emitieron unas 500 órdenes de aprehensión contra personas que en el 2013, durante el proceso electoral intermedio en Quintana Roo, se trasladaron a esa entidad desde Campeche y Yucatán, con documentos falsos para domiciliarse y poder votar.
Lamentó que la mayoría de estas personas, simpatizantes priistas, sean de escasos recursos, que habitan las zonas rurales.
“Fueron manipulados, por mil pesos fueron llevados a Cancún a hacer su cambio de domicilio y desgraciadamente ahora están siendo detenidas estas personas. Cometieron un delito federal ante una autoridad como es el INE, de falsear documentos oficiales y en ese sentido están pagando las consecuencias”.
