Ciudad de México.- La procuradora general de la República, Arely Gómez, dijo que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) actuó con total autonomía en el caso de la acusación en contra del ahora ex subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar y Vega.
Añadió que la PGR mantendrá sigilo sobre el asunto, ya que éste se halla ahora en manos del poder judicial.
Explicó que, tal como se difundió en los medios de comunicación, la solicitud de orden de aprehensión derivó de que se presentó una consignación y –añadió— el juez tiene diez días para resolver la situación jurídica.
“Ahorita, jurídicamente, no hay nada”, precisó la titular de la PGR, entrevistada al término del Encuentro Nacional de Procuración de Justicia 2015.
La PGR, por medio de la Fepade, solicitó el jueves a un juez federal una orden de aprehensión en contra del hasta ese momento Subsecretario de la Segob, acusado por delitos electorales presuntamente cometidos cuando era dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Sólo horas después del anuncio de la Fepade, Escobar y Vega, a través de su cuenta de Twitter oficial, anunció su separación del cargo.
Entretanto, la ex diputada federal (PRD) Julisa Mejía —que fue quien además del PAN presentó denuncias en contra de Escobar— dio a conocer que la Fiscalía, además de pedir la detención del ex dirigente del PVEM también solicitó la aprehensión de los empresarios involucrados en la elaboración y reparto de las tarjetas Premia Platino.
Con base en las denuncias en contra del dirigente del ecologista, la FEPADE determinó que sí hay elementos para considerar el delito electoral.
De acuerdo con lo dicho por Mejía, la Fepade pidió orden de aprehensión en contra Luisa María Robles Ponce y María Guadalupe Robles Ponce, quienes a través de la empresa Proyectos Juveniles firmaron el contrato con Escobar.
La firma referida subcontrató a la empresa Cards para la producción de las tarjetas, razón por la cual también se pidió la detención de Pablo Oliver Robles.
Las hermanas Robles Ponce también subcontrataron a la empresa Multiservicios para la distribución de las 10 mil tarjetas.
Ramiro Quintero Ramos, de esta empresa, es otro por el que se pide orden de aprehensión.
