Ciudad de México.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó alrededor de 30 denuncias ante autoridades del estado de Sonora en contra de servidores públicos locales por posibles irregularidades en beneficio de 574 contribuyentes a través de auditorías.
El jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, precisó que serán las autoridades estatales correspondientes, como puede ser la contraloría, la fiscalía anticorrupción o la procuraduría estatal, las que determinen y deslinden las responsabilidades de estos servidores públicos sonorenses denunciados.
Tras anunciar un convenio de colaboración entre el SAT y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) en materia de contabilidad y auditoría electrónicas que entran en vigor en 2016, aclaró que en estas denuncias no se encuentra el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías.
Ello, explicó el titular del organismo fiscalizador en rueda de prensa, porque el ex mandatario local no tenía atribuciones directas respecto a la dirección, supervisión o firma de actos en materia fiscal en los que el SAT encontró irregularidades.
“El ex gobernador no tiene la atribución directa, en un trabajo que tendrán que hacer las autoridades estatales para saber hasta dónde puede alcanzar el deslinde de responsabilidades”, añadió el funcionario acompañado por la presidenta del IMCP, Leticia Hervert.
El pasado 20 de noviembre, el SAT comunicó al gobierno de Sonora que tomaba a su cargo exclusivo el ejercicio de facultades de comprobación en la entidad hasta el 31 de diciembre del presente año.
Durante dicho periodo, el gobierno estatal dejará de ejercer las facultades de comprobación y no tendrá derecho a recibir los incentivos correspondientes, y será a partir del 1 de enero de 2016 cuando retome dichas facultades.
Esto, debido a que, derivado de tres denuncias anónimas, se señaló que se beneficiaron a 574 contribuyentes a través de 829 auditorías realizadas por la entonces Dirección General de Auditoría Fiscal del Estado de Sonora.
De acuerdo con la información proporcionada en las mismas, se señaló un monto de mil 705 millones de pesos que se dejó de cobrar en perjuicio del fisco federal.
