Ciudad de México.- Con la recaptura de Joaquín Guzmán Loera se dará inicio a los procedimientos de extradición a Estados Unidos, que de acuerdo con la ley en la materia tienen distintas etapas, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
En un comunicado precisó que, una vez notificado, el reclamado contará con un término de tres días para oponer excepciones y 20 días más para probarlas, y que éste último término podrá ser extendido.
La dependencia federal subrayó en ese sentido que aportará elementos para combatir las excepciones del reclamado y mantendrá estricta vigilancia en los procedimientos.
Explicó que una vez que los jueces de Distrito emitan la opinión jurídica respectiva, los juzgados están obligados a transmitir los expedientes ante la cancillería a fin de que ésta, en un término de 20 días hábiles, emita los acuerdos correspondientes, donde se determinará sobre la entrega en extradición del narcotraficante.
En caso de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emita un Acuerdo Concediendo su Extradición, el reclamado tiene derecho a interponer un juicio de amparo contra la determinación.
Esto en sus dos instancias, tanto en Juzgado de Distrito como ante el Tribunal Colegiado de Distrito, y de confirmarse la negativa de los juicios de amparo se podrá materializar su entrega en extradición.
La institución recordó que en el tiempo en que “El Chapo” Guzmán evadió la acción de la justicia sus abogados tramitaron diversos amparos, pero eso no significa que las autoridades estén impedidas de ejecutar dichas órdenes de aprehensión con fines de extradición.
Esto debido a que algunos amparos que solicitó fueron sobreseídos, mientras otros siguen en trámite, pero ninguno de ellos impide la ejecución de esos mandamientos y mucho menos el inicio del procedimiento de extradición.
La PGR precisó que el 16 de junio y el 31 de agosto de 2015 el gobierno de Estados Unidos presentó ante la SRE las peticiones formales de extradición de Guzmán Loera por los delitos de asociación delictuosa para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína, delincuencia organizada, contra la salud, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego, entre otros.
Por esa razón el gobierno mexicano inició el análisis de esas solicitudes y el 25 de junio y el 3 de septiembre de 2015, la cancillería determinó que las peticiones formales reunían los requisitos del Tratado Bilateral de Extradición, por lo que las transmitió a la PGR.
Después del análisis correspondiente de esa dependencia, el 29 de julio y 18 de septiembre de 2015, se promovió ante los juzgados federales 3 y 8, quienes a su vez otorgaron las órdenes de detención con fines de extradición internacional contra de Guzmán Loera, que fueron transmitidas a las autoridades competentes para su cumplimiento.
La PGR subrayó que dará cumplimiento a las determinaciones de los jueces de Distrito en materia de amparo, luego de la reaprehensión del líder del cártel de Sinaloa durante un operativo en Los Mochis.
