Ciudad de México.- La hermana menor de Felipe VI, Cristina de Borbón, y su marido Iñaki Urdangarin se sientan hoy en el banquillo de los acusados por la trama del caso Noos, que juzga la actividad de la fundación presidida por el cuñado del rey y el presunto desvío de 6.6 millones de dólares de fondos públicos.
Se trata de la primera vez que un miembro de la familia real española se somete a un juicio, en este caso por corrupción.
La infanta está imputada por su presunta cooperación en los delitos fiscales de su marido, que a su vez está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales.
El caso Nóos investiga el presunto desvío de 6.6 millones de dólares de fondos públicos al Instituto Noos, una fundación nacida sin ánimo de lucro y que presidió el esposo de Cristina entre 2003 y 2006.
Iñaki como gancho. Los más de cuatro años que duró la instrucción, desveló que el socio de Urdanagarín, Torres, fue el autor intelectual, mientras que el entonces yerno del rey Juan Carlos fue el gancho para obtener clientes y aumentar notoriamente los honorarios y fondos públicos que recibía la fundación creada por ambos.
Cristina de Borbón era titular, con su marido, de Aizoon, la empresa que usó Urdangarin para desviar supuestamente los fondos a su patrimonio personal.
La defensa de la infanta alega que ella estaba completamente al margen de la dirección y gestión cotidiana de la compañía y que “se limitó a rubricar sin pedir explicaciones” los documentos que le presentaron.
Aunque la infanta está imputada en la trama de corrupción y mañana, durante la primera vista oral del juicio, se sentará en el banquillo de los acusados como imputada, todavía puede librarse del juicio si el tribunal decide aplicarle la llamada doctrina Botín.
Esta jurisprudencia surge a raíz del proceso en 2007 contra el ex presidente del Banco Santander, el fallecido Emilio Botín. Establece que no se puede abrir juicio a un imputado si solo presenta cargos contra él la acusación popular, circunstancia en la que se encuentra la infanta, ya que la Fiscalía no presentó cargos contra ella, sólo hizo la acusación popular el sindicato Manos Limpias, que pide ocho años de prisión.
