Ciudad de México.- El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, del PRD, demandó ayer que antes extraditar a Estados Unidos a Joaquín El Chapo Guzmán, el sistema de justicia mexicano emprenda una rigurosa investigación y encauce acciones legales efectivas sobre quienes contribuyeron a la segunda fuga del líder del Cártel de Sinaloa de un penal de máxima seguridad.
Dijo también que el sistema de procuración e impartición de justicia de México debe demostrar su capacidad para procesar, sentenciar y sancionar a quien figura como uno de los 500 hombres más poderosos del mundo (de acuerdo con la revistaForeign Policy), y poseedor de una fortuna superior a los mil millones de dólares (según la Revista Forbes).
En ese sentido, dijo que una tarea urgente es bloquear la red financiera que da soporte a esa organización criminal y decomisar sus bienes a favor del Estado mexicano.
Zambrano consideró urgente que el gobierno federal replantee su política en materia de combate al crimen organizado, además de un necesario reforzamiento de las medidas de seguridad en centros penitenciarios.
Admitió que desde el Poder Legislativo también existen temas urgentes por atender porque se cuenta con plazos perentorios, y recordó que se está impulsando un conjunto de iniciativas que pretenden atacar de fondo estos problemas que han hundido al país en una situación de crisis ante la falta de credibilidad sobre sus instituciones.
En ese sentido, dijo que es apremiante generar una estrategia de combate al crimen organizado y atacar la desaparición forzada, la trata de personas y el lavado de dinero, así como aplicar instrumentos ya existentes como la extinción de dominio.
Recordó que está pendiente la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, Trasparencia y Rendición de Cuentas, que tenga como sujetos obligados a entes públicos y organismos privados, para contribuir a la erradicación de este mal que actúa a favor del narcotráfico.
En lo que se refiere a la confiscación de bienes, Zambrano Grijalva indicó que ahí también existe un tema irresuelto, ya que el Estado decomisa propiedades a los criminales, pero puede llevar años hacer efectiva la incautación.
“Revisemos lo que está pasando en las distintas entidades del país para tener los instrumentos legislativos que nos permitan enfrentar este fenómeno, y revisar todo lo que tiene que ver con los resortes financieros del crimen organizado, para cortar de tajo cualquier posibilidad de lavado de dinero”, demandó.
Pidió no olvidar que el esquema debe ser integral en lo que se refiere a generar mejores condiciones de vida para la gente y que los jóvenes, sobre todo, “no se arrojen a las actividades ilegales por falta de oportunidades educativas o de un trabajo digno y honesto”.
