Ciudad de México.- Horas antes de presentar su informe anual de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional (AN), el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó ayer el estado de emergencia económica en el país por 60 días, con opción a ampliarla dos meses más, para hacer frente a la elevada inflación de 141.5 por ciento y la recesión que golpean al país.
La decisión de Maduro se registra en medio de la peor crisis que vive Venezuela en los últimos 35 años. Con un precio del barril de petróleo a la baja, con un aparato productivo privado paralizado como consecuencia de la falta de divisas y una inflación anualizada, según cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela, de 141.5 por ciento al cierre del tercer trimestre de 2015 (septiembre), mientras que el desabasto de algunos productos de la canasta básica es del 87 por ciento.
VIGENCIA. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, tiene ocho días a partir de ayer 15 de enero, para vetar o ratificar el estado de excepción. Igualmente, el Tribunal Supremo de Justicia deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto que entró en vigor ayer al ser publicado en la Gaceta Oficial.
Si es ratificado este decreto, el parlamento podrá prorrogarlo por otros 60 días., aunque no está claro si el veto obligaría a cambiar su contenido o si las opiniones serían tomadas en cuenta para producir un nuevo documento.
Al respecto, el recién designado ministro de Economía, Luis Salas, leyó en una alocución por radio y televisión a todo el país, el contenido del decreto, que le otorga al presidente Maduro plenos poderes para legislar en el área económica durante los próximos dos meses.
Salas refirió que estas medidas responden a la catástrofe que vive el país, a raíz de la “guerra económica” que enfrentan con empresas privadas.
Entre las acciones del decreto destacan: 1) el gobierno podrá reorganizar el presupuesto a su leal entender; 2) dictará medidas para evitar la evasión de impuestos; 3) agilizará trámites para importar productos e insumos necesarios para el consumo; 4) absolverá de los requisitos cambiarios —en Venezuela hay un control de venta de divisas muy rígido desde 2003— al sector público y privado; y 5) requerirá del incremento de la producción y podría expropiar los bienes que las empresas privadas tienen para elevar la producción.
Asimismo, destaca la posibilidad de que se establezcan ingresos y egresos máximos para las operaciones en efectivo con la moneda local. La sola posibilidad de que el gobierno sea facultado para imponer un corralito (una restricción a todas las transacciones económicas y financieras) es tal vez el anuncio más impactante de todos.
Maduro publicó el contenido del decreto en una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial sin presentarlo primero a la Asamblea Nacional para su consideración.
Ante este panorama, su asoma la posibilidad de que se produzca un nuevo enfrentamiento que mantienen el gobierno de Nicolás Maduro con el Poder Legislativo, controlado ahora por la oposición.
