Ciudad de México.- El Parlamento de Dinamarca aprobó ayer un controversial paquete de medidas con el que el país pretende controlar y reducir el arribo de solicitantes de asilo, como la confiscación de objetos de valor para que paguen por su estancia mientras están en el país.
Un total de 81 de los 109 legisladores de los partidos Venstre, Dansk Folkparti, Konservative, Alianza Liberal y Socialdemokraterne votaron a favor de la propuesta, mientras quie 27 la recahazaron, poniendo fin a semanas de intenso debate y críticas, según reportes del periódico The Copenhague Post.
CRÍTICAS. Aunque la iniciativa de inmigración había suscitado fuertes críticas por parte de grupos defensores de los derechos humanos, los legisladores daneses respaldaron ayer por amplia mayoría el proyecto de ley, después de un largo e intenso debate.
La nueva legislación en materia de inmigración, llamada L87, entrará en vigor la próxima semana después de que sea firmada oficialmente por la reina Margarita de Dinamarca.
Con base en esta ley, las autoridades podrán confiscar los objetos de valor de los inmigrantes y refugiados que entren al país para pagar su estancia, sólo se les permitirá mantener posesiones hasta un valor de 10 mil coronas danesas (poco más de mil 450 dólares).
FAMILIAS. El gobierno danés asegura que la medida, que excluye artículos de valor sentimental como anillos de boda, está en consonancia con los ciudadanos desempleados, que deben vender sus pertenencias por encima de un cierto nivel para reclamar beneficios.
Además, la ley establece el retraso de las reuniones familiares de los solicitantes de asilo, es decir, que los refugiados tendrán que esperar un periodo de tres años para poder solicitar que sus parientes se les unan.
Esta disposición se aplicará a todos los inmigrantes y refugiados que han solicitado la reunificación familiar desde marzo de 2015.
RESIDENCIA. El Instituto Danés de Derechos Humanos ha calificado el movimiento como “una clara violación” a la Convención Europea de Derechos Humanos, la cual requiere que las solicitudes de reunificación familiar sean tratadas con rapidez.
La ley también endurece requisitos para obtener la residencia permanente, acorta los permisos de residencia temporal, reduce 10 por ciento los beneficios para los solicitantes de asilo y abole la posibilidad de que éstos vivan fuera de los centros de refugio. La iniciativa ha recibido críticas internacionales como las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Comisión Europea, y en los medios de comunicación ha sido comparada con las prácticas nazis contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.
