Ciudad de México.- Seis ex funcionarios federales relacionados con la fuga del capo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, fueron inhabilitados por 10 años, la sanción máxima, para ocupar un cargo público por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
No se sancionó al ex Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, pues, según la SFP, sólo se “investigó a funcionarios que tienen responsabilidad directa y que hay evidencia de irregularidades cometidas” en este caso.
Entre ellos destacan la ex coordinadora de Penales Federales, Celina Oseguera Parra, y Valentín Cárdenas Lerma, ex director del Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano.
El titular de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez detalló que Oseguera Parra fue sancionada por no haber coordinado y presentado un proyecto de presupuesto 2014-2015 para vigilar y mantener en funcionamiento los sistemas de seguridad del penal del Altiplano.
En tanto, Cárdenas Lerma porque omitió establecer la coordinación con las fuerzas de seguridad tras conocerse la fuga del líder del cártel de Sinaloa.
“Omitió también activar a tiempo el código rojo que correspondía para estos casos, problemas también con la visualización del monitor y se consideró que hubo abuso de su cargo por participar en la sesión del 31 de diciembre en donde se aprobó el uso de determinados bienes a favor de quien estaba en la cárcel”, indicó Andrade.
Asimismo, el funcionario dio a conocer que la directora Jurídica del penal del Altiplano, Leonor García García fue destituida de su cargo e inhabilitada también por 10 años para ocupar un cargo público.
A García García se le responsabiliza de no haber declarado el estado de alerta máxima de manera inmediata cuando se tuvo conocimiento de la fuga de “El Chapo”.
“A Roberto Cruz Bernal, supervisor penitenciario adscrito al penal del Altiplano, se le destituye del cargo y se le inhabilita por 10 años también por razones similares, y no actuar con prontitud para activar el código rojo, además de omitir la vigilancia permanente en el área que le correspondía sin dejar a alguien que cubriera su ausencia”, explicó.
De igual forma, agregó Andrade Martínez, el oficial de la penitenciaria, Esteban Estada fue destituido del cargo e inhabilitado por 10 años. “No atendió las llamadas que se efectuaron desde el Centro de Monitoreo y por no activar la voz de código rojo y la alerta general”, concluyó el funcionario en la investigación que duró poco más de cinco meses.
Juan Ignacio Orozco, supervisor en el penal del Altiplano, fue removido del cargo y también inhabilitado por 10 años.
Andrade Martínez aseguró que la investigación acreditó que los ex funcionarios cometieron faltas violatorias a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. “Son sanciones definitivas por parte de la SFP, pero queda abierto el derecho de las personas a recurrir al Poder Judicial de la Federación en relación con dichas faltas”, recordó.
