El “Tijeretazo” al INE, no representa solamente una decisión presupuestal. También abre una disputa por el control de las elecciones y el futuro de los organismos locales electorales.
Morena redujo la bolsa solicitada por el INE para 2027, precisamente cuando México prepara elecciones federales y locales que exigirán personal, capacitación, vigilancia y una organización territorial mucho más compleja.
La cifra aprobada ronda los 36 mil millones de pesos, después de un ajuste cercano a 6 mil millones respecto de lo solicitado originalmente por el instituto electoral.
El gobierno sostiene que ese dinero alcanza. Pero cumplir el calendario no responde qué actividades sufrirán ajustes, cuáles quedarán pendientes y qué consecuencias enfrentarán las oficinas electorales en todo México.
La tijera alcanzará los ingresos de los consejeros: su sueldo bruto mensual bajará de 262 mil 634 a 185 mil 682 pesos, según los tabuladores oficiales recientemente divulgados para 2027.
Las prestaciones contempladas también disminuirán. Sin embargo, el propio INE señaló que esas reducciones salariales ya figuraban en su proyecto presupuestal original, antes incluso del ajuste que aprobó la Cámara.
La discusión de fondo es otra: cuánto personal conservará el instituto, qué programas reducirá y si los módulos ciudadanos dispondrán de recursos suficientes para cumplir sus funciones sin mayores deterioros. Apenas el lunes había personal del RFE exigió con un paro, un incremento salarial.
Recortar remuneraciones elevadas puede generar respaldo ciudadano. Desmantelar capacidades técnicas sería distinto. La austeridad electoral exige cuentas claras, evaluación de riesgos y explicaciones verificables, no solamente simples discursos de ahorro.
A ese escenario se suma el anuncio de Claudia Sheinbaum: después de las elecciones de 2027 volverá a impulsar una reforma que incluya menor financiamiento partidista y cambios legislativos profundos. El 3 de noviembre se había expuesto ese escenario por este escandalo de Taddei.
El ajuste presupuestal podría ser apenas el principio. Después vendría una discusión sobre atribuciones, estructuras y permanencia de los organismos públicos locales electorales, los llamados OPLES, próximamente en todo México.
Centralizar funciones podría reducir duplicidades, pero también concentraría decisiones. Debilitar instituciones estatales sin demostrar su ineficacia significaría trasladar responsabilidades a una burocracia nacional con nuevos y preocupantes riesgos de opacidad.
En Tamaulipas, el IETAM enfrentaría cambios profundos. Las elecciones ocurren periódicamente, pero educación cívica, atención a partidos, preparación técnica y vigilancia institucional permanente exigen trabajo incluso entre distintos procesos electorales.
Y aparece otro frente incómodo; los contratos cuestionados con empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas. Desde el oficialismo se insiste reiteradamente en señalar especialmente la gestión de Lorenzo Córdova.
Es cierto que las investigaciones abarcan contratos anteriores a Taddei. Pero concentrar el discurso en Córdova y omitir los contratos posteriores ofrece una explicación convenientemente incompleta para el poder actual.
El propio informe gubernamental reconoce contrataciones de organismos electorales locales con empresas vinculadas a esos proveedores durante 2024 y 2025, cuando Guadalupe Taddei entonces ya encabezaba el Instituto Nacional Electoral.
La contradicción resulta evidente: Morena insiste en atribuir responsabilidades a la administración anterior mientras intenta separar políticamente a Taddei. Las auditorías deben abarcar absolutamente todas las gestiones sin excepciones partidistas.
Investigar adjudicaciones tampoco justifica absolver administraciones completas por afinidades políticas, silencios convenientes o responsabilidades todavía no esclarecidas.
Mientras disminuyen recursos electorales, el gobierno fortalece partidas para seguridad y fuerzas armadas. Las prioridades presupuestales pueden discutirse, pero revelan dónde se concentra ahora la capacidad efectiva de gasto federal.
Morena dispone de votos para aprobar recortes, pero una reforma constitucional exigiría acuerdos más amplios. Ninguna promesa de ahorro garantiza por sí sola instituciones más confiables, verdaderamente autónomas o eficientes.
