La fiscal general de Brasil pidió al Supremo Tribunal Federal que abra una investigación a la presidenta Dilma Rousseff en el marco de un caso de corrupción en la petrolera controlada por el Estado, Petrobras, confirmó hoy la Fiscalía.
La petición fue dirigida al Tribunal Supremo y se basa en sospechas de que Rousseff, junto con su antecesor y padrino político Luiz Inácio Lula da Silva, y el actual abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, intentó obstruir la acción de la justicia en las investigaciones sobre las corruptelas en Petrobras.
Según explicó la Fiscalía, en el caso de Rousseff se intentará determinar si se implicó en maniobras para proteger a algunos de los políticos y empresarios salpicados por la corrupción petrolera, con las que incluso habría intentado “obstruir” la acción judicial.
Si es aceptada la demanda de la Fiscalía por la Corte Suprema, complicará aún más la ya delicada situación de Rousseff, quien está a un paso de ser sometida a un juicio parlamentario con miras a su posible destitución, por diversas irregularidades fiscales en las que su Gobierno incurrió en los años 2014 y 2015.
Su situación comenzará a definirse hoy, cuando el senador Antonio Anastasia, instructor de una comisión del Senado que analiza el caso, presente un informe en el que pedirá archivar la causa o, como se espera, que el proceso vaya al pleno de la cámara.
En ese último caso, el pleno deberá decidir la semana próxima si se instaura el juicio político, lo que obligaría a que Rousseff se separe del cargo durante los 180 días que pudiera durar el proceso.
Durante ese periodo sería sustituida por el vicepresidente, Michel Temer, quien en caso de que se llegue a su destitución completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019.
Este martes, la Fiscalía también pidió a la Corte Suprema que se inicien sendas investigaciones contra Lula, tres de los ministros del gabinete de Rousseff y otros 27 políticos, en su mayoría de la base oficialista, por corruptelas vinculadas a los escándalos en Petrobras.
Esa demanda afecta a los ministros de la Secretaría de la Presidencia, Ricardo Berzoni; de Información, Edinho Silva, y al jefe de gabinete de la Presidencia, Jaques Wagner, así como al asesor personal de Rousseff, Giles de Azevedo.
Agencia
