La vocera del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, expresó la preocupación del organismo ante la posibilidad de que las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya queden impunes y a las víctimas se les niegue la verdad y la justicia.
Demandó a las autoridades mexicanas una investigación efectiva, rigurosa, imparcial e independiente, bajo los más altos estándares en materia de derechos humanos.
Estamos profundamente preocupados porque a casi dos años de la comisión de graves violaciones de derechos humanos en Tlatlaya, estado de México, que incluyen alegatos de que al menos 12 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, el caso sigue sumido en la impunidad y a las víctimas se les siguen negando sus derechos a la justicia y la verdad, señaló.
Apuntó que las pesquisas deben ampliarse a todos aquellos que resulten responsables, incluyendo a altos mandos militares que puedan haber tenido responsabilidad de mando, así como a quienes habrían alterado la escena del crimen u ordenado dicha alteración.
Igualmente, se pronunció porque sean rigurosamente indagadas otras presuntas violaciones de derechos humanos relacionadas con el caso, entre ellas la detención arbitraria y tortura de testigos.
Shamdasani resaltó que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en junio de 2014 en una bodega en Tlatlaya, 22 personas fueron privadas de la vida, de las cuales al menos 12 habrían sido ejecutadas extrajudicialmente. Siete militares fueron arrestados en conexión con el caso pero, en octubre de 2015, un juez desestimó los cargos contra cuatro de ellos y, la semana pasada, una corte puso en libertad a los otros tres, al considerar que no había evidencia suficiente contra ellos.
En un comunicado, recordó que durante su visita a México en octubre del año pasado, el alto comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein dijo que el caso Tlatlaya sería observado de cerca como una prueba del compromiso de las autoridades en la lucha contra la impunidad, luego de que la reforma al Código Militar ubicara a los castrenses bajo la jurisdicción de los tribunales civiles en casos de crímenes cometidos contra ciudadanos.
“Respetamos por completo la independencia del Poder Judicial y tomamos nota de la declaración hecha por la Procuraduría General de la República (PGR) en cuanto a que continuará acercando evidencia ‘a fin de evitar que los delitos cometidos […] en Tlatlaya […] queden impunes’.
Sin embargo, “hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que aseguren una investigación rigurosa, efectiva, imparcial, independiente y rápida en este emblemático caso.
También instamos a las autoridades de procuración y administración de justicia a actuar con base en los más altos estándares y normas de derechos humanos en las investigaciones y juicios, manifestó.
La vocera expresó que dada la importancia de la evidencia forense, “apelamos a las autoridades para implementar urgentemente la recomendación hecha por el alto comisionado en octubre pasado de establecer una institución forense nacional y autónoma adecuadamente financiada.
Esto sin duda reforzaría las pesquisas en este y otros casos. Nuestra oficina refrenda su compromiso para asistir a las autoridades pertinentes, así como para apoyar y acompañar a las víctimas y a sus representantes, destacó Shamdasani.
(Con información de La Jornada)
