Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó al Congreso de la Unión revisar la Ley General de Víctimas, con el fin de eliminar las restricciones que impiden al Estado reconocer a quienes padecen desplazamiento forzado interno, y puedan así acceder a los beneficios que la norma prevé para su protección y reparación integral del daño.
En el “Informe especial sobre desplazamiento forzado interno en México”, publicado en la Gaceta Parlamentaria, la CNDH también plantea al Congreso de la Unión analizar y discutir la posible elaboración de una ley general sobre este fenómeno en la que se plasmen los derechos de las personas víctimas que lo enfrentan.
Que incluya, asimismo, los deberes del Estado en la materia, las acciones de prevención y control que sean necesarias para el combate de esa irregularidad, así como las sanciones para quienes incumplan con la ley, considerando el impacto económico.
La CNDH afirma que, aunque por el momento no existe esta ley, eso no obsta para que las autoridades actúen a favor de la protección de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado interno, pues se encuentran protegidas por el artículo 1 de la Constitución Política y por el deber de la autoridad de actuar con base en el principio propersona.
Considera importante que las autoridades competentes atiendan el problema de la protección de las propiedades de las personas desplazadas, evitando la indebida apropiación, venta, destrucción o posesión por terceros.
Propone reformas a la Ley General de Población para reconocer a los ciudadanos en situación de desplazamiento forzado interno y otorgar facultades, competencias y obligaciones al Consejo Nacional de Población (Conapo), para realizar diagnósticos, registros y otras acciones vinculadas con la detección de esta población.
Reconoce que no existe un diagnóstico nacional y oficial sobre esta realidad. Por ello, estimó, indispensable elaborar uno que abra las puertas al reconocimiento oficial de la problemática y constituya una herramienta fundamental para la construcción de políticas públicas y programas eficaces, abordando las consecuencias sociales, económicas, jurídicas y políticas de dicho fenómeno en el país.
Entre las acciones que debe tomar el Estado mexicano para la prevención y atención de los desplazados deben incluirse tareas específicas que generen soluciones duraderas y los indicadores de evaluación correspondientes.
Además, considerar las medidas de asistencia legal y jurídica a la población desplazada, para garantizar la investigación de los hechos, la restitución de los derechos vulnerados y la defensa de los bienes afectados; establecer las condiciones de seguridad frente a la delincuencia organizada, así como el retorno voluntario de los habitantes desplazados a su zona de origen o su reubicación en nuevas zonas de asentamiento.
En el documento, la CNDH considera importante poner especial atención en la protección a los derechos de personas desplazadas en situación de vulnerabilidad, como niños, niñas y mujeres, adultos mayores y personas indígenas, así como periodistas y defensores de derechos humanos, los cuales presentan necesidades específicas de protección y orientación.
De igual manera, proteger a quienes se quedan por voluntad propia o por no tener otra opción, en las comunidades abandonadas, sobre todo si se trata de adultos mayores y niños, niñas y adolescentes.
Las diferentes causas que provocan el desplazamiento forzado interno no son exclusivas de México. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al finalizar el año 2014 había 13.9 millones de personas en el mundo que se convirtieron en nuevos desalojados de sus lugares de origen, como consecuencia de la violencia generalizada, los conflictos o las violaciones de derechos humanos.
Eso significa que cada día del 2014, 42 mil 500 personas se vieron obligadas a abandonar sus casas por esas razones, lo cual implicó un crecimiento acelerado del desplazamiento forzado interno, alcanzando niveles sin precedentes, agrega ACNUR.
