Expertos en finanzas públicas del Senado brasileño harán una nueva auditoría de las cuentas del Gobierno de Dilma Rousseff para confirmar si incurrió en las irregularidades que la llevaron a un juicio político, informó la Corte Suprema.
La decisión de realizar ese nuevo análisis de las cuentas fue tomada por el presidente del Supremo, Ricardo Lewandowski, quien acogió una apelación de la defensa de la mandataria, suspendida de sus funciones desde el pasado 12 de mayo, cuando asumió el poder en forma interina el hasta entonces vicepresidente, Michel Temer.
La nueva auditoría había sido solicitada por la defensa de Rousseff y negada inicialmente por la comisión del Senado que está a cargo del proceso.
Sin embargo, Lewandowski, quien comparte con esa comisión las responsabilidades del juicio, aceptó la apelación, aunque determinó que la nueva auditoría sea realizada por expertos del Senado y no por peritos extranjeros, como pretendía la defensa.
Según la acusación, Rousseff incurrió en maniobras contables ilegales, como la contratación de créditos para el Gobierno con la banca pública, lo que configuraría un “delito de responsabilidad”, como la Constitución brasileña califica las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.
La defensa de Rousseff lo niega, aunque admite que el Gobierno, a lo sumo, pudo haber cometido algún tipo de “falta” administrativa, que no bastaría para que sea despojada de su mandato.
El resultado del nuevo análisis de los resultados que el Gobierno de Rousseff presentó en 2015 será entregado a la comisión del Senado y pasará a engrosar los documentos probatorios del proceso.
La comisión, formada por 21 senadores de todos los partidos con representación en la Cámara Alta, volverá a reunirse este martes, cuando escuchará a los primeros testigos de la defensa.
La fase procesal concluirá a fines de julio, cuando el instructor de la comisión presentará un informe en el que deberá recomendar la destitución de la mandataria o que la causa sea archivada.
Ese informe será sometido entre los días 1 y 2 de agosto al pleno del Senado, que deberá decidir por una mayoría simple de 41 votos entre sus 81 miembros si la causa prosigue.
Si así fuera, la Corte Suprema convocará al pleno de la Cámara Alta para una última sesión, que sería a mediados de agosto.
En esa definitiva instancia, Rousseff será destituida si así lo decide una mayoría calificada de dos tercios de los senadores (54 votos).
En ese caso, Temer debería completar el mandato que vence el 1 de enero de 2019, pero si Rousseff fuera absuelta recuperaría el poder una vez que sea publicada la sentencia.
