La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos decidió hoy mantener los límites de posesión de armas para las personas condenadas por delitos de violencia de género.
El Alto Tribunal tomó la decisión en un momento de debate sobre los controles que deben de establecerse en la venta de armas de asalto y cuando se cumplen dos semanas del tiroteo más mortífero de la historia de Estados Unidos, ocurrido el pasado 12 de junio en Orlando (Florida), con 50 personas muertas, incluido el atacante.
Con su decisión, los jueces avalaron la constitucionalidad de una norma federal de 1996 que prohíbe la tenencia y uso de armas a aquellos que han sido condenados por un “delito menor de violencia doméstica”, un tipo penal reconocido en el Distrito de Columbia y en 34 de los 50 estados de Estados Unidos.
El caso se basa en la historia de Stephen Voisine y William Armstrong, que fueron encontrados con armas después de declararse culpables ante cortes estatales de Maine de diferentes delitos menores de violencia doméstica relacionados con su novia y su mujer, respectivamente.
Los demandantes defendieron ante el Tribunal Supremo que delitos menores de violencia de género no deberían privarles de su derecho a portar armas, recogido en la Segunda Enmienda de la Constitución.
Este caso ganó relevancia mediática porque en marzo, durante la audiencia, el juez conservador Clarence Thomas rompió su silencio de diez años y formuló de manera pública hasta once preguntas.
“Se trata de un delito menor. Se está suspendiendo un derecho constitucional. ¿Me puede poner como ejemplo otra área en donde una violación menor suspenda un derecho constitucional?”, preguntó Thomas dirigiéndose a Ilana Eisenstein, que representó durante la audiencia al Gobierno del presidente, Barack Obama.
En enero de 2015, los dos hombres demandantes de Maine recibieron el fallo en contra de la corte de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston (Massachusetts) y decidieron acudir a la Suprema Corte, que hoy falló en su contra.
El Tribunal Supremo no ha evaluado un gran caso sobre armas desde 2010, cuando avaló por segunda vez el derecho de los estadunidenses a poseer armas para defenderse.
La semana pasada, el alto tribunal rechazó evaluar un caso sobre armas de asalto y avaló así las prohibiciones que mantienen Nueva York y Connecticut sobre este tipo de armas semiautomáticas, similares al fusil empleado en la reciente matanza de Orlando.
Después del tiroteo de Orlando, han crecido las peticiones para incrementar los controles sobre las armas de fuego.
El supuesto autor de la matanza de Orlando, Omar Mateen, estadunidense de raíces afganas, fue investigado durante 10 meses por radicalismo por el Buró Federal de Investigación (FBI), pero al no tener historial delictivo, pudo comprar de manera legal las armas con las que llevó a cabo el atentado.
Por eso, los legisladores demócratas del Congreso han pedido a los republicanos ampliar los controles y evitar el acceso a las armas a los sospechosos de poder cometer actos terroristas y a las personas incluidas en “listas de vigilancia” de las agencias de inteligencia, como el FBI y la CIA.
La falta de acuerdo entre demócratas y republicanos impidió la semana pasada que cuatro medidas de este tipo salieran adelante.
Los demócratas protagonizaron una sentada de 25 horas en el pleno de la Cámara de Representantes para pedir a sus colegas republicanos, que son mayoría en la cámara, que se comprometan a votar una propuesta de ley para prohibir la venta de armas a personas incluidas en los registros que no permiten volar en aviones comerciales a sospechosos de tener vínculos con el terrorismo.
