El gobierno federal financiará otra investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con una carta que la CIDH —órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos— envió al Estado mexicano y a los padres de los normalistas, la nueva intervención operará bajo un Mecanismo Especial de Seguimiento a las Recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El documento indica que el mecanismo consta de ocho “elementos mínimos”. El punto seis pide que el mecanismo de seguimiento “deberá tener asegurado su financiamiento”.
El subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, confirmó el regreso de la CIDH y su financiamiento.
Un equipo especial realizará visitas bimestrales a México con duración de cinco días, se propuso.
“No habrá un término. En la sesión primera del siguiente año revisaremos y evaluaremos cómo va caminando.
Pero no tendrá un plazo determinado”, agregó Campa Cifrián.
A finales de julio representantes de la CIDH, padres de los normalistas y autoridades federales se reunirán para definir la fecha del comienzo de la nueva investigación.
En abril pasado concluyeron los trabajos que el GIEI realizó en México durante año y medio y que tuvieron un costo de dos millones de dólares.
Acuerdan regreso de CIDH a México
El gobierno absorberá los gastos del equipo especial de la comisión en el país, confirma Roberto Campa.
El gobierno mexicano volverá a financiar una nueva etapa de trabajos de investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Ayotzinapa, mediante el Mecanismo Especial de Seguimiento a las Recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En una carta que el órgano autónomo de la OEA envió al Estado mexicano, y a su vez a los padres de los 43 normalistas desaparecidos —de la cual Excélsior obtuvo una copia— señaló necesario que el Mecanismo cuente con ocho “elementos mínimos”.
Uno de los puntos solicitados, el número seis, pide que “el Mecanismo de Seguimiento deberá tener asegurado su financiamiento”.
Ayer el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, confirmó que absorberán los gastos del equipo especial de la CIDH (conformado por mínimo dos personas) en las visitas a México, que se proponen bimestrales y con duración de al menos cinco días.
“No estamos hablando de un mecanismo costoso, estamos hablando de la atención de algunos gastos que resultan indispensables, pero no se está planteando un mecanismo costoso”, dijo en entrevista, luego de reunirse con los padres de los 43.
El costo operativo y técnico de la investigación realizada por el GIEI durante casi año y medio en México fue de alrededor de dos millones de dólares.
Los familiares de los normalistas desaparecidos hace casi dos años exigen que el equipo especial de la CIDH permanezca por tiempo indefinido en México, sin embargo, señalan que el gobierno mexicano no está de acuerdo.
Aunque Campa Cifrián aseguró que el financiamiento ya “está previsto” no habló de presupuestos con montos máximos o mínimos, aunque sí aclaró que no hay temporalidad para las visitas.
“Hemos convenido que no habrá un término, que en la sesión primera del siguiente año revisaremos y evaluaremos cómo va caminando. Pero se ha convenido que no tendrá un plazo determinado”, contestó.
Los padres y el gobierno federal esperan alcanzar acuerdos en una reunión que sostendrán con la CIDH en la última semana de julio, abordando los ocho puntos requeridos y la respuesta a estos que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió, y no ha hecho pública.
Mientras tanto, los familiares confirmaron a este diario que el próximo viernes por la tarde, en un horario y lugar todavía por definir, se reunirán nuevamente con el subsecretario Campa Cifrián, personal de la Procuraduría General de la República y de la SRE.
En los puntos de la CIDH se enfatiza que el objetivo del Mecanismo será dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI; que sea creado un equipo especial con facultades para reunirse con las autoridades necesarias.
También, que el mismo equipo tenga la posibilidad de trabajar con autonomía e independencia, con acceso pleno a la información necesaria; y, tras las visitas del relator de país, comisionado o designado por la CIDH, emita un comunicado de prensa para informar del seguimiento.
