Un juez federal en Texas bloqueó de manera temporal la orden del gobierno del presidente Barack Obama que establece que los estudiantes transexuales en las escuelas públicas pueden utilizar los baños y vestidores que se ajustan a su identidad de género.
El juez Reed O’Connor de la Corte Federal del Norte de Texas en Fort Worth, emitió anoche una orden que frena de manera temporal la directiva de la Casa Blanca, tras analizar la petición formulada en una demanda interpuesta en mayo pasado por una coalición de 13 entidades encabezada por Texas.
La orden del juez se emite horas antes de que se inicie este lunes en Texas y en otras entidades el nuevo ciclo escolar.
“Nos complace que la Corte dictaminara en contra de la última extralimitación federal ilegal por parte de la administración Obama”, señaló en un comunicado este lunes el procurador general de Texas, Ken Paxton.
“Este presidente está tratando de reescribir las leyes promulgadas por los representantes elegidos por el pueblo, y está amenazando con quitar la financiación federal de las escuelas para obligarlas a cumplir”, indicó el procurador.
“Eso no se puede permitir que continúe, es por ello que tomamos medidas para proteger a los estados y distritos escolares, que están acusados bajo la ley estatal para establecer un ambiente seguro y disciplinado propicio para el aprendizaje de los estudiantes”, señaló.
Paxton dijo que las directrices de la administración Obama invaden ilegalmente áreas que es mejor dejar a las escuelas locales y a los padres de familia, para equilibrar las necesidades de los estudiantes, incluyendo su seguridad, la privacidad y la dignidad .
Las nuevas directrices del gobierno federal establecen que los distritos escolares públicos deben permitir a los estudiantes transgénero utilizar los baños y vestidores que se ajustan a su identidad de género, o de lo contrario se enfrentan a la posibilidad de perder millones de dólares en fondos federales.
En mayo pasado, Texas comenzó a encabezar una coalición de 13 entidades que interpusieron una demanda contra el gobierno federal sobre las nuevas directrices para tratar de bloquear su aplicación tan pronto como sea posible.
Las otras entidades involucradas en la demanda son Alabama, Arizona, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maine, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin.
