El 11 de septiembre de 1973 el cadáver de Salvador Allende salía por la puerta ‘Morandé 80’ del palacio de La Moneda, la sede del Gobierno. Horas antes de cruzar esa puerta que utilizaban los presidentes chilenos para sus idas y venidas fuera de protocolo, el presidente electo se pegó un tiro en los instantes previos a que los militares asaltasen su despacho durante el golpe de Estado del general Augusto Pinochet.
“Yo no voy a renunciar. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo” dijo Allende en la radio ese día que ha quedado marcado en la historia de Chile. Palabras dirigidas al pueblo que había elegido al socialista como presidente tres años antes, en las elecciones de 1970. Allende sabía que ese iba a ser su último discurso.
Su caída suponía el fin de la democracia y el inicio de la dictadura que duraría hasta 1990. Durante esos años se produjeron numerosas violaciones de derechos humanos que dejaron miles de víctimas de tortura, ejecuciones y desapariciones. Según los datos oficiales de la Comisión de Verdad y Reconciliación murieron más de 3000 personas, de las cuales el número de detenidos desaparecidos se estima en más de 1200 personas.
El golpe de Estado, más de cuatro décadas después, todavía divide profundamente a la sociedad chilena y a la clase política. Desde entonces, está abierto el debate sobre la necesidad de que aquellos que tuvieron relación con el régimen de Pinochet pidan perdón. Además, en los últimos años se han abierto acciones judiciales para investigar casos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante esos años.
Tras aquel 11 de septiembre de 1973, la ‘Morandé 80’ fue clausurada en la posterior reconstrucción de La Moneda, después de que los militares golpistas bombardearan e incendiaran el palacio. En el aniversario de 2003 la puerta fue reabierta en un emotivo acto por el presidente Ricardo Lagos, uno de los ministros de Allende.
Este domingo las autoridades chilenas se vuelven a concentrar frente a esa puerta para rendir homenaje al presidente, mientras que miles de personas salen a las calles de Chile para pedir justicia y exigir el fin de mecanismos creados en la dictadura, como la ley secreta del cobre y el sistema privado de pensiones.
