Ciudad de México.- Mientras el mercado de la gasolina se prepara para una eventual apertura en enero del año que entra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha emitido una sentencia definitiva sobre las multas por 759 millones de pesos que ordenó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) desde 2013, en contra de Pemex y Pemex Refinación.
La Segunda Sala de la SCJN atrajo el caso desde marzo de 2015, después de que Pemex interpuso un recurso de revisión para echar abajo las sanciones de la Cofece, por lo que se cumplen 19 meses sin una respuesta definitiva.
La investigación en contra de la petrolera mexicana inició en noviembre 2010, después de que dos empresarios se quejaron de que Pemex los obligaba a utilizar las pipas de la petrolera, que son controladas por el sindicato, para obtener la gasolina, conducta que es considerada una práctica anticompetitiva.
Los empresarios acusaron que la obligación de contratar las pipas de Pemex para trasladar el combustible representó un encarecimiento de 50% a 70% en sus costos, cuando los franquiciatarios tienen derecho a contratar el servicio de transporte que se ajuste mejor a su estructura.
Después de que la comisión comprobó la práctica anticompetitiva, conocida como “ventas atadas”, y fue ratificada por un juez federal, Pemex acudió a la SCJN como último recurso, sin que hasta el momento se haya resuelto el caso.
En la Ley Federal de Competencia Económica, las ventas atadas son consideradas como una práctica monopólica relativa, porque obligan a los consumidores de un producto a contratar un servicio adicional de forma ilegal para obtener los beneficios, lo que complica la competencia al interior de un mercado, en este caso, el de las gasolinas, en perjuicio de los consumidores.
Además de la multa, la Cofece ordenó a la petrolera mexicana suspender esta práctica. Sin embargo, la comisión debió implementar 18 sanciones por 145.5 millones de pesos adicionales, debido a que la empresa productiva del Estado no presentó los documentos requeridos para acreditar que dejó de obligar a los franquiciatarios a utilizar su servicio de pipas.
