Ciudad de México.- A pesar de que sus dirigentes lo han prometido a lo largo de casi cuatro legislaturas, el Poder Legislativo suma nueve años sin cumplir al Ejército mexicano la creación del marco legal que lo protegerá en sus labores de apoyo en materia de seguridad pública.
Desde 2007, cuando el entonces presidente Felipe Calderón los llamó para ayudar a garantizar la seguridad pública del país, los militares se han acercado al Senado y a la Cámara de Diputados para pedir la protección de la Ley.
Lograron que el Senado aprobara reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que tiene el consenso de los militares, pero se quedó atorada en la Cámara de Diputados desde 2011, y ese proyecto está en espera de ser considerado como prioritario para el Poder Legislativo.
Este martes, el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, alertó que en las Fuerzas Armadas ya hay un “claro desgaste” por su participación en las tareas de seguridad pública, es decir, el tiempo hizo realidad las alertas que planteó el Ejército mexicano desdesde 2007, cuando se acercó por primera vez al Senado para pedir el apoyo legislativo.
El 25 de octubre de 2008, el entonces secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, se reunió con los senadores de la Comisión de la Defensa Nacional de la LX Legislatura; les comentó que la participación militar en tareas de seguridad pública iba a ser de un máximo de dos años, pero que era necesario tener un sustento legislativo para esas tareas.
También en ese año, los militares cabildearon una reforma al Código de Justicia para castigar con 60 años de prisión a los militares que se cambiaran de bando y se fueran al crimen.
El 13 de julio del 2011, un grupo de mandos del Ejército se reunió con los senadores René Arce y Felipe González, así como con los diputados federales Armando Ríos Piter, Gustavo González y Rogelio Cerda.
Pidieron a senadores y diputados federales aceleren la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, pues es urgente definir su retorno a los cuarteles y regular su participación en las tareas de seguridad pública, dado que los militares no tienen aspiraciones de cubrir funciones que no son propiamente de ellos, pues competen a otras instituciones.
Después de varios años de pláticas, de borradores, de reuniones a puerta cerrada entre militares y los senadores de la LX y LXI Legislatura principalmente Jesús Murillo, del PRI; Alejandro González Alcocer, del PAN y Tomás Torres Mercado, del PRD, el Senado hizo los cambios a la Ley de Seguridad Nacional para incluir garantías en las labores de los militares, que registraron diversas resistencias, principalmente en la izquierda, pero no ha podido ver la luz, por las resistencias registradas en San Lázaro.
