Los daños a la ecología por la emisión de residuos a cielo abierto es una de las quejas recurrentes de los ciudadanos en los últimos 30 años. Motivo por el cual se han desarrollado procesos administrativos y hasta judiciales por parte de instancias como la Procuraduría Federal para el Medio Ambiente y la Semarnat.
La región centro de la entidad y en particular los habitantes de la cabecera municipal de Güémez han insistido desde hace más de diez años en que las descargas de aguas de la capital ciudad Victoria, incide en la salud de los habitantes de esa región.
Durante algún tiempo los afectados consideraban que las causas de enfermedades de la piel en algunos pobladores que convivían con el Río San Felipe, se debía a que algunas empresas vierten desechos en los arroyos que desembocan en el referido cauce.
Sin embargo, el edil de origen panista Carlos Cárdenas, señaló ayer en esta capital que la causa de la infecciones que padecen los ciudadanos de su municipio se debe al flujo de escurrimientos residuales provenientes de esta ciudad capital. Dijo que representa un problema grave porque además de generar enfermedades en los pobladores de esa región, el Río San Felipe, cruza el centro del poblado.
De acuerdo a la versión del edil, son más de tres mil personas afectadas por las descargas de aguas negras al cauce que pasa por la región güemense, pero lo grave es también que el Río de referencia desemboca en la Presa Vicente Guerrero de donde se extrae un volumen importante para satisfacer la demanda de los habitantes de Ciudad Victoria.
Por lo mismo es de relevancia que los gobiernos de los dos municipios logren un acuerdo que impacte en prosperidad para los ciudadanos. Y de ser así la viabilidad para la construcción de una planta tratadora de aguas residuales sería lo más conveniente.
El problema es que ninguno de los dos municipios tiene gestiones en puerta para construir una planta tratadora de aguas, como la que funciona desde años atrás al oriente de esta capital y que capta los escurrimientos que se vertían al Río San Marcos, los cuales se siguen descargando a este cauce pero con la calidad de aguas tratadas. Con ciertas deficiencias, pero es menor el impacto al ambiente. Aunque también tienen como destino el embalse de la Presa Vicente Guerrero.
Lo cual no debe ser complicado de gestionar, pues resulta que en los últimos meses de la administración gubernamental anterior, trascendió de un recurso a fondo perdido proveniente de organismos internacionales para la construcción de una planta tratadora de aguas en el municipio de Soto La Marina. Su construcción estaba prevista cerca de las instalaciones de la guarnición de la Secretaría de Marina.
En otro asunto, la subsecretaria de las víctimas del delito, Gloria Garza Jiménez, reveló ayer que después de la primera reunión con las familias de las víctimas por parte del actual gobierno, se sumaron a la lista quince más desaparecidos que no han presentado denuncia ni han recibido atención gubernamental. Estos habrían desaparecido en los últimos seis años.
Entre las prioridades de ese organismo destaca la creación del reglamento de la ley de víctimas y se integra la comisión de búsqueda, para estar en condiciones de bajar recursos del fondo nacional creado para estos fines y ofrecer una atención integral a las víctimas de los desaparecidos.
Asimismo entre las iniciativas de punto de acuerdo que los legisladores de Acción Nacional presentaron ayer en el Congreso local destaca la que pretende restablecer el 11% en IVA en la franja fronteriza. Los legisladores panistas buscan restablecer esa tasa para incentivar el crecimiento económico en los municipios de la frontera tamaulipeca, para lo cual se requiere voluntad de parte de los legisladores federales.
