El gobierno estatal que encabeza la administración de los “vientos de cambio” entró en la recta final de la revisión de los estados financieros que guarda la administración pública que heredó el priísta Egidio Torre Cantú al panista Francisco García Cabeza de Vaca. Y la misma sorpresa que se llevaron los seguidores del gobierno de los cuernos, cuando fueron desengañados que no encontrarían empleo este mismo año. Algo similar sucede con las expectativas que había respecto a que los vientos de cambios “sin odios ni rencores” en el sentido de que no habría “borrón y cuenta nueva”.
Ayer el titular de la contraloría Mario Soria Landero informó a los reporteros que cubren la fuente gubernamental, que sí han encontrado irregularidades pero que no es el momento de dar a conocer cuáles, cómo son y cuál es la trascendencia de las inconsistencias identificadas por el cuerpo de auditores, que no cejan de cruzar información para visualizar posibles “trinquetes” del gobierno anterior.
O será acaso que el efecto de los fenómenos naturales registrados en las últimas semanas en los principales municipios del sur y norte de la entidad, han servido como distractores para los gobernantes de los cuernos, se ocupen de esas emergencias y dejen para segundo término las demandas ordinarias y futuras.
Esto sin tomar en cuenta las emergentes gestiones que el gobernador Cabeza de Vaca y sus principales colaboradores realizan en la ciudad de México, para garantizar que haya recursos suficientes para dar cobertura a los programas subsidiarios para los sectores educativo, salud y agropecuario, que en principio resultarían afectados por los recortes al presupuesto de egresos de parte del gobierno federal.
El contralor Soria aseguró que ni descarta ni hace cargos a los funcionarios del gobierno que se fue el 30 de septiembre, no obstante apuntó que van desde mayores a menores las observaciones. Con firmeza estableció que disponen de 60 días para documentar y dar a conocer cualquier irregularidad. De los cuales solo dispone de 15 días.
Lo cierto es que al gobierno de los vientos de cambio no le conviene dejar pasar la oportunidad para que “sin odio ni rencores” lleve a la cárcel a una docena de priístas que se despacharon con la “cuchara grande” y que de paso dejaron temblando las arcas del Estado, en rubros sensibles como educación, salud y desarrollo social.
Sobre todo, porque es una de la expectativas más aguda de un porcentaje importantes de los votantes que tuvieron el atrevimiento y las agallas de votar el 5 de junio en contra del tricolor y a favor de blanquiazul, para que el gobernador García Cabeza de Vaca obtuviera una victoria irrefutable y contundente.
En otro orden, el Vicealmirante y Secretario estatal de seguridad pública Luis Felipe López Castro debería estar muy alerta y desconfiado con los policías estatales “certificados” que le heredó el general Jesús Martínez, porque sí uno de miles tuvo la desfachatez de amedrentar y acribillar sin recato a un prominente empresario victorense, los miles de agentes empistolados y con charola podrían representar grave riesgo hasta peligrosos para la seguridad para los tamaulipecos.
Aunque no fue en su año, debe estar enterado, que además del agente implicado en el cobarde homicidio del lunes en la capital del estado, durante el mes de agosto de este mismo año 2016, tres policías de esa misma corporación fueron vinculados a un homicidio y un despojo con violencia de una camioneta de modelo reciente. En la región más “pacífica” de Tamaulipas como son los municipios cerriles de Tula, Bustamante, Miquihuana y Jaumave. Uno de los agente está recluido en la cárcel de Tula y dos más en el penal del Estado. El juez de control permitió que el arresto precautorio de dos de los policías vinculados al homicidio del joven Cristian Reyna Ortiz, se cumpliera en la capital del Estado, porque en los pocos días que estuvieron detenidos en Tula, fueron advertidos que serían víctimas de una atentado.
