Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso Local, llevará al Pleno un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría de Justicia del Estado de Tamaulipas, para que investigue y castigue a los responsables de las amenazas que recibió la familia de periodistas Cuellar Rodríguez.
Además hicieron un llamado al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública, para que garantice las medidas de seguridad a la familia del periodista Francisco Cuéllar para que regrese a Tamaulipas.
Alejandro Etienne Llano, coordinador de la fracción del PRI en el Congreso del Estado, señaló que esta acción intimidatoria e ilegal agravia a todos los comunicadores del Estado y a la sociedad en general.
“El Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos que la lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos. Respetarla y defenderla es hacerlo por nuestra propia libertad de palabra, este derecho es uno de los más fundamentales, porque sin él no podríamos exigir ni promover el respeto a todos los demás derechos humanos”, dijo ante los representantes de los medios de comunicación.
Los periodistas Francisco Cuéllar Cardona, Rosa María Rodríguez Quintanilla y el ciudadano Ilich Francisco Cuéllar, fueron objeto de una serie de insultos y amenazas vertidas a través de las redes sociales en contra de la integridad física de la familia de destacados periodistas.
Esta acción propició, justificadamente, el temor por su integridad física y su consecuente y abrupta salida del Estado, abandonando su hogar y trabajo para salvaguardar la vida, causando la indignación y solidaridad de muchos tamaulipecos.
Sobreponiéndose a sus miedos, ellos han tenido el valor de presentar su denuncia ante la Fiscalía Especial de Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República y además se han entrevistado con el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Roberto Campa Cifrián quien les ofreció reforzar las medidas que les otorga el Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
