Ciudad de México.- Mientras el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, se trasladaba a los juzgados federales del Reclusorio Oriente en la Ciudad de México, para enfrentar las acusaciones que se le imputan, su equipo legal, encabezado por Antonio Lozano Gracia, logró que de momento su cliente no pise en las próximas horas alguna prisión federal.
El juez Alberto Díaz, titular del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México concedió una suspensión provisional, lo que, por ahora, impide que Padrés Elías sea internado en un penal federal o en algún centro de reclusión fuera de la capital del país.
“Que Guillermo Padrés quede a disposición de este órgano de control constitucional, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, en el lugar en el que se encuentra detenido y a la autoridad que deba juzgarlo por lo que hace a la continuación del procedimiento, el cual no puede suspenderse”, señala el acuerdo del juzgador.
Antes de llegar al Reclusorio Oriente, el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, presentó ante un juzgado federal una ampliación a su demanda de amparo en contra de la “ilegal orden de aprehensión” girada en su contra, el pasado 23 de septiembre.
Además, Padrés Elías reclama el ocultamiento de la integración de la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/14-A/2016 y la omisión por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) de dar acceso a la totalidad de las constancias que integran otras indagatorias.
La suspensión definitiva para evitar cualquier orden de aprehensión, que le había sido otorgada por un juez de amparo en semanas pasadas, dejó de surtir efectos la noche de este miércoles nueve de noviembre.
Durante los últimos meses, Guillermo Padrés ha promovido en juzgados y tribunales de Sonora y de la Ciudad de México, al menos una veintena de demandas de amparo para rastrear las investigaciones realizadas por las autoridades locales y federales en su contra, así como para evitar ser aprehendido.
Además de la orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero y evasión de impuestos, el exgobernador de Sonora está siendo investigado por al menos otros nueve delitos por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, la Contraloría General del Estado, las procuradurías de Justicia por denuncias del fuero común y federal.
