Ciudad de México.- Doce agentes en activo de la Policía Ministerial que fungían como escoltas de los ex gobernadores Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, ambos prófugos de la justicia, acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero, fueron retirados de esta labor.
Irving Barrios Mójica, Procurador General de Justicia de Tamaulipas hizo la revelación anoche en el programa 10 en Punto, que conduce Denise Maerker.
Barrios reveló que además de cancelar ese servicio para los ex mandatarios con pendientes judiciales, el gobierno estatal dio vista a la Procuraduría General de la República (PGR) para que inicie las investigaciones correspondientes.
“Se ordenó cancelar el servicio de escoltas”, dijo el primer abogado del estado.
“Dimos parte a la Procuraduría General de la República (PGR) para que en el ámbito de su competencia, pudieran hacer las acciones que consideraran pertinentes en el presente caso”, agregó el Procurador de Tamaulipas.
Se trataba de funcionarios públicos cuidando a prófugos de la justicia.
El ex gobernador Tomás Yarrington tenía 8 personas asignadas para su seguridad; Eugenio Hernández Flores tenía a 4 personas.
“En la Procuraduría se dota de un arma denominada corta, que es una pistola, y de un arma larga que es un denominado rifle. En este caso todos los elementos contaban con los 2 tipos de arma”, informó el Procurador General de Justicia de Tamaulipas.
“Una de las debilidades que existen en la Procuraduría es la falta de personal Ministerial y la falta de personal Policial para realizar las investigaciones”, agregó.
“Es un cuerpo muy reducido”, dijo en referencia al personal de la dependencia que persigue los delitos y añadió: “se necesita el recurso humano para fortalecer el rezago de las investigaciones que se llevan a cabo”.
Durante el sexenio de Egidio Torre Cantú se erogaron alrededor de 30 millones de pesos en el pago de salarios y viáticos para los agentes ministeriales que protegieron a los ex gobernadores considerados prófugos de la justicia.
“El sueldo de las personas comisionadas, de las 12, eran 400 mil, 350 mil pesos mensualmente”, compartió el Procurador.
“Entonces si los elementos se encontraba fuera del Estado de Tamaulipas, el compromiso por parte de la Procuraduría es estar comisionados y pagarles sus viáticos”, añadió.
Tomás Yarrington Ruvalcaba fungió como gobernador de 1999 a 2004. Es buscado por agencias estadounidenses, como la DEA, desde diciembre de 2013. Ante la Corte Federal de Estados Unidos está acusado de delincuencia organizada.
Eugenio Hernández Flores, por su parte, fue gobernador de Tamaulipas de 2005 a 2010 y es buscado desde junio de 2015, cuando Estados Unidos ordenó su arresto por lado de dinero, y transferencias financieras en bancos de Texas de manera ilegal, por más de 30 millones de dólares.
