Bogotá.- Después de dos meses de trasteo en barcos, lanchas y camiones, unos 6 mil 300 guerrilleros de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) estarán en las 26 zonas de todo el país donde dejarán las armas y se convertirán en un grupo político legal.
Las FARC llegan con un mes de retraso a esas áreas rurales supervisadas por Naciones Unidas, pero el cronograma pactado -180 días para el desarme total- no se verá afectado, aseguró el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, en conferencia de prensa el martes desde Bogotá.
Una vez lleguen a esas zonas, las FARC entregarán al gobierno de Colombia un listado de los menores que integran sus filas para poder desmovilizarlos por una vía especial en las próximas semanas, aseguró.
Las FARC están cumpliendo”, dijo Jaramillo.
Este mismo martes cerrará con 4 mil 329 guerrilleros ubicados en esas zonas donde deberán empezar a construir unas ciudadelas de cabañas de madera en las que vivirán hasta mayo.
Además de fuertes lluvias, mujeres embarazadas o exceso de equipaje, lo que más complicó el traslado de la guerrilla desde sus campamentos en las selvas de Colombia fue el desplazamiento de armamento pesado, que empezará a ser destruido previsiblemente desde esta semana.
Las armas “inestables” -con más peligro de explosión- seguirán en las caletas de las FARC en la selva.
La guerrilla dará las coordenadas de estos depósitos a los garantes internacionales, encabezados por la ONU, y serán destruidos in situ, explicó el general Javier Florez, comandante del Comando Estratégico de Transición.
Con este empujón, parece que el desarme de las FARC tras más de medio siglo de enfrentamiento armado, no tiene vuelta atrás pese a todos los imprevistos de los últimos dos meses.
Aunque se han presentado casos puntuales de disidencia, Jaramillo aseguró que no hay grupos rebeldes significativos opuestos al desarme.
A las 26 zonas de concentración llegarán también guerrilleros presos con condenas no amnistiables -delitos graves como terrorismo, secuestro y extorsión- para enfrentarse a la Justicia Especial de Paz, que decidirá cuáles son las penas alternativas para ellos.
De igual forma, los rebeldes que dejen las armas deberán prestar declaración ante ese tribunal para saber si salen directamente a la sociedad civil o si deben cumplir algún tipo de condena, que no prevé cárcel en ningún caso.
Este es uno de los aspectos más polémicos de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, aprobado en el Congreso a finales de noviembre, tras ser derrotado en una consulta popular el 2 de octubre.
