Una señal térmica inusual detectada con drones llevó a las autoridades a una presunta granja clandestina de criptomonedas vinculada al CJNG en Tlaola, según reportes estatales.
En La Gallera aseguraron al menos cien tarjetas gráficas, cincuenta equipos de última generación y un transformador industrial. Una persona que vigilaba el predio fue detenida.
Marina y Seguridad Pública intervinieron el inmueble, que presuntamente tomaba electricidad de la CFE sin medidores. Las investigaciones buscan determinar el alcance de la operación.
Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad de Puebla, informó que investigan posibles instalaciones similares en Tlaola y municipios vecinos, sin revelar detalles de las indagatorias.
En septiembre, otro operativo en El Beneficio permitió asegurar 300 computadoras especializadas, ochenta terminales de media tensión y ocho antenas satelitales, también dentro del municipio.
En Culiacán, Sinaloa, la policía desmanteló otro centro clandestino y aseguró 130 equipos, tres transformadores y un sistema de videovigilancia. También hay antecedentes en Tlaxcala.
La minería permite validar transacciones en ciertas redes de criptomonedas mediante equipos que resuelven operaciones matemáticas. Los participantes pueden recibir activos digitales como recompensa, sin ingresos garantizados.
Ese trabajo demanda electricidad constante, ventilación y equipos especializados. La actividad no es ilícita por sí misma; los casos descritos incluyen presunto robo de energía.
Un operador consultado bajo anonimato explicó que los equipos pueden costar hasta veinte mil dólares y que las recompensas varían, sin que existan ganancias garantizadas.
El especialista planteó identificar las carteras utilizadas para investigar posibles operaciones de lavado. Asegurar computadoras, advirtió, no equivale a recuperar los activos generados por sus operadores.
Luisa María Acosta, especialista financiera, señaló que grupos criminales suman criptoactivos a sus mecanismos tradicionales de lavado, aprovechando transferencias rápidas y el uso de identidades seudónimas.
Acosta señaló que cada país regula los criptoactivos de manera distinta. Esa disparidad, junto con la rapidez de las transferencias, plantea retos para las investigaciones financieras.





