A más de 20 días de haberse realizados los comicios en Coahuila y en el estado de México, es posible identificar algunos comportamientos que pueden servir a los interesados como referentes obligados en el momento de analizar el comportamiento electoral con rumbo a las elecciones presidenciales de 2018:
En primer lugar, se debe expresar que si en algo coincidieron los estudiosos y articulistas de los procesos electorales celebrados el pasado 4 de junio, es en reconocer que tales votaciones se convertirían en un escenario obligado—especialmente las celebradas en el estado de México—del proceso electoral presidencial de 2018. Las formas diversas de procesar el conflicto electoral en uno de los semilleros de votos del tricolor, serían las que posteriormente observaríamos en la gran insurrección cívica del futuro inmediato, donde solo el PRI Y Morena, ocuparán un papel estelar.
En segundo lugar, que así como lo hizo en el estado de México, el gobierno de Enrique Peña Nieto se esforzará por hacer triunfar al PRI en la elección presidencial; sin limitar ningún recurso legal e ilegal. El poder total de la investidura presidencial, será puesto en charola de plata a los operadores políticos para que el Revolucionario Institucional ratifique su victoria de hace seis años.
En tercer lugar, esto significa que el Estado mexicano, seguirá participando en los procesos electorales, cimentando el eventual triunfo del PRI, pasando por encima de todo marco legal establecido y de las instituciones diseñadas para encauzar las disputas electorales.
De repetirse—como todo parece indicar— la actitud intervencionista del Presidente de la República en los procesos electorales, alterando el curso normal de los votantes con deseos de cambio, auguramos el fortalecimiento de la salida radical, por la cual ya muchos ciudadanos inconformes están inclinándose.
En cuarto lugar, significa entonces que el subsistema electoral de la sociedad mexicana—la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF) — está incapacitado para garantizar elecciones legales, imparciales y equitativas. El peso avasallador del presidencialismo autoritario—propio del PRI del siglo XX— ha venido desgastando la función legitimadora del aparato electoral mexicano.
La opinión vertida por el consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, respecto a las elecciones del 4 de junio, al calificarlas de “Exitosas”, dejan ver su actitud acrítica, totalmente ajena a al sinfín de irregularidades cometidas desde y para el poder presidencial.
Lorenzo Córdova, es la máxima autoridad electoral, el ciudadano con el perfil moral y político idóneo para manifestar su indignación por la falta de limpieza e igualdad en las elecciones de los mexiquenses y se sale por la tangente para no llamar “al pan, pan y al vino, vino”, mostrando así su falta de compromiso con la democracia y la legalidad.
Las reacciones de los organismos electorales—el mexiquense— y de las instancias homólogas de las diferentes entidades federativa, han sido de indiferencia, silencio y pasividad extrema, ante la evidente intromisión de las dependencias de los gobiernos federal y estatal y de otras irregularidades observadas en los comicios, lo que lleva a pensar en la necesidad de desaparecerlas.
Finalmente, hay que decirlo, en este país sin ley, los triunfos de la oposición para ser incuestionables, necesitan de una mayor participación ciudadana. Por el contrario, el ayuno electoral eleva la probabilidad del triunfo priista. Es tiempo de cambios para la sociedad mexicana. El país, tiene que salir del letargo y el coma cívico en que lo metió la globalización.
Y algo más, si se quiere relevar del poder a una élite política depredadora—con raíces en el PAN, PRI y el PRD— de los recursos nacionales, se necesita con urgencia crear un frente electoral ciudadano con base en un nuevo proyecto de nación, incluyente, donde entre la voluntad de restaurar la paz, la seguridad, el crecimiento económico, el empleo y la convivencia armónica de las familias mexicanas.
La nueva alternancia, reclama el compromiso de todos los hombres y las mujeres con deseos de transformar el país, tomando en cuenta que el futuro no se espera, se construye. Lo vamos construyendo desde hoy de acuerdo a lo que se quiere que sea el futuro.
