Hoy en día, los principios sobre los cuales deben construirse las acciones y proyectos de las instituciones gubernamentales, son la legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia, equidad de género, eficiencia, interés público, transparencia y la rendición de cuentas.
Desde luego, no son todas, pero si, las más importantes. Sirva lo anterior como el referente a través del cual se comentará acerca del Congreso Local de Tamaulipas y su desenvolvimiento eficaz.
En México, de acuerdo al Informe Legislativo 2017 presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), hay mil 124 diputados locales. Y mantenerlos nos cuesta a los contribuyentes más de 13 mil 550 millones de pesos.
Tal legislador, para ser eficaz, tiene que cumplir con su función sustantiva: defender el interés público. En los hechos, su principal tarea consiste en levantar la mano en señal de aprobación a toda iniciativa de ley proveniente del gobernador en turno.
Esta imagen de “Levanta dedos”, aun continua y fue en un tiempo, el comportamiento típico del político de la era priista. Su cultivo y permanencia en los partidos de todos los colores, demuestra que por encima de la legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia, equidad de género y eficiencia, prevalece la fidelidad al gobernador, al hombre y con ello, la deslealtad a la ley.
Luego entonces, tenemos un cuerpo legislativo con resultados precarios—si el ciudadano pudiera comparar el número de leyes aprobadas en un periodo, con la cantidad de dinero gastado en el mismo periodo legislativo— que se comporta en forma parcial, subjetiva, ilegal y dependiente del poder ejecutivo.
¿Cuál es la función principal del Instituto? El IMCO, ha sido creado para analizar la composición de las cámaras de diputados estatales, conocer el manejo que hacen de los recursos públicos y saber sobre su desempeño legislativo.
Las reflexiones del Informe Legislativo elaboradas por IMCO, incluyen el invitar a los ciudadanos a preguntarse el por qué —los Poderes legislativos locales— a pesar de su importancia, pocas veces son estudiados, vigilados y convocados a rendir cuentas y a mejorar su desempeño.
El Congreso del estado de Tamaulipas, está integrado por 36 diputados y en su composición figura el PAN con 20; el PRI con 11; NUEVA ALIANZA con 2; MOVIMIENTO CIUDADANO, PVEM Y MORENA con uno cada quien. Veamos que sucede con el principio de Transparencia y rendición de cuentas.
En tiempos de desconfianza creciente de los mexicanos en los diputados—según el “Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México” elaborado por INE-Colmex, 2015— una mirada al portal digital del congreso local tamaulipeco, refleja, en materia de Transparencia, un cumplimiento parcial en la información, que en lugar de satisfacción, produce en quien consulta, desconfianza.
Porque, el desglose de los artículos 67 y 70 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de nuestra entidad federativa, que aparece en la página web, se caracteriza por ser un cuerpo de mandamientos, relacionados con el compromiso de los diputados o mandaderos—un mandadero es un ciudadano en quien recae el mandato de velar por los intereses de la colectividad, a través de la elaboración de leyes—de exhibir al público el monto de sus ingresos y el manejo del presupuesto asignado al poder legislativo, entre otras cuestiones.
Sin embargo, el ciudadano interesado, se topa con un muro de palabras orientadas al “Deber ser” del legislador, sin dar una respuesta concreta a quien pudiera interesarse por realizar una investigación y saber por ejemplo ¿cuál el presupuesto del Congreso? ¿Cuánto necesita el conjunto de legisladores para funcionar? ¿Cuánto gana en total un diputado local?
En tiempos de agilidad informativa con base en el internet, no es aceptable esconder la información que hoy por hoy la ley ordena su exhibición pública.
En otro sentido, es innecesario, invitar a nuestros legisladores estatales, a capitalizar la coyuntura novedosa y sexenal de la llegada al poder ejecutivo de un partido diferente al PRI. Los 20 defensores del blanquiazul, debieran estar creando leyes tendientes a la innovación en la vida colectiva y los once del PRI, en su carácter de oposición, también.
El sistema de competencia política, escenario donde actúan los distintos protagonistas, hoy es objeto de examen continuo, a través del internet. Nada escapa al ciudadano vigilante. Y por si fuera poco, la misma competencia partidista, ha generado distanciamientos entre la prensa y el gobierno de tal forma que, el empresario de los medios de comunicación sabe que para sobrevivir, necesita regresar a la imparcialidad, objetividad y denuncia de los hechos.
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Para nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, es tiempo de exhortar, de invitar a gente sencilla, a profesionistas, a dependencias e instituciones de la sociedad civil, a realizar estudios del poder legislativo–¿cuál su presupuesto? ¿Cuánto necesita nuestro Congreso para funcionar? ¿En qué lo gasta? Si gastó de más ¿Cuánto dinero adicional recibió? ¿Concede o no ayudas sociales? Si lo hace ¿Por qué gasta en este concepto, si de acuerdo a la ley no forma parte de sus funciones de legislador?
La debilidad del Estado, su adelgazamiento, la ineficiencia crónica del mismo y el desprestigio incuestionable de la élite política, obliga a la ciudadanía a no quedarse con los brazos cruzados, comprometiéndose a realizar labores de vigilancia del Congreso local.
A crear corrientes de opinión en favor de la rendición de cuentas efectiva del parlamento tamaulipeco. A pedir una mejora gradual del ejercicio legislativo, comenzando por un deslinde legal y real del poder ejecutivo y una autonomía necesaria para contribuir a la instauración del equilibrio entre poderes.
