La corrupción, desde el punto de vista histórico, ha estado presente en todas las épocas que han antecedido al México de hoy. Ha sido una conducta reiterada, aplicada durante la vida colonial, la independencia, la Revolución Mexicana, la etapa posrevolucionaria y hasta en los tiempos del neoliberalismo.
En todas las etapas antes mencionadas, juristas y moralistas de renombre, han participado en la elaboración de códigos de ética orientados a disminuir las corruptelas palaciegas, sin alcanzar sus objetivos.
El soborno, el cohecho y la compra de voluntades–variantes de la corrupción–han estado presentes en las distintas fases de la historia nacional, sirviendo como eslabones en la cadena de enriquecimiento ilícito, encumbrando nuevos miembros de las élites políticas y económicas.
Un ejemplo de lo anterior, es el sexenio de Miguel Alemán Valdez, aquel veracruzano, responsable de la administración federal entre los años de 1946 a 1952, el cual hizo de la corrupción una norma de gobierno.
Bajo este principio—si me permiten llamarle así— en tales años, florecieron los negocios del capital privado en Pemex, se vencieron resistencias políticas de los obreros petroleros y se consolidaron liderazgos sindicales al servicio del patrón, gracias a la compra de voluntades que redituaron en ganancias extraordinarias para todos.
Todos, significa que, desde el Presidente de la República, el Director de Pemex, el empresario, hasta los dirigentes del sindicato petrolero se beneficiaron al abrir las puertas a la corrupción.
¿Qué sucede ahora? ¿Los miembros de la clase gobernante han eliminado esta práctica? ¿Existen reglas de comportamiento que atan las manos de la clase política?
La respuesta, todos la conocemos. Algunos consideran que el uso privado del dinero público es algo inseparable al ser humano. Tal vez por eso, su extendida práctica en diferentes sectores sociales.
Lo hasta aquí comentado, surge por el impacto de la noticia del pasado 12 de julio cuando dos personas murieron al caer con su vehículo en un socavón—hoyo— ubicado en el llamado “Paso Express Cuernavaca”, obra que se realiza hasta el día de hoy, desde el año de 2014, en la autopista México—Acapulco, en el tramo llamado “Libramiento Cuernavaca.”
“Paso Express”, ha llamado la atención de los principales medios de comunicación, por varios motivos: el tiempo que lleva la construcción, —tres años— la inconformidad de los morelenses, quienes llaman a “Paso Express”, el “Paso de la muerte” y, las señales de corrupción en gran escala, detectadas por analistas de diferentes posturas interpretativas.
En tal sentido, consultamos las declaraciones del ingeniero civil Óscar Arzaluz Murguía, un académico con experiencia en la construcción, quien afirma que la causa del socavón—agujero—formado bajo el concreto hidráulico es que este, no estaba armado. Es decir, no contenía varillas de acero, semejantes a las usadas cuando se construye el techo de una casa.
¿En dónde están las señales de corrupción descubiertas por los especialistas? En la construcción de un tramo carretero “sin alma de acero”, sin varillas de acero. En la cadena de pérdidas humanas que hasta este día, ya rebasan el centenar, al menos desde que inició la construcción de esta obra. En las cuotas subterráneas cubiertas por la empresa ante los supervisores y en los funcionarios que las reciben.
Un ejercicio de congruencia, nos remite a la recuperación del enfoque histórico que marcó la pauta de la presente reflexión. En tal sentido, “Paso Express” es la versión moderna de la corrupción en la obra pública, la cual, lo mismo que ayer, necesita para realizarse de autoridades corruptas y empresarios dispuestos a entrarle con “su cuerno.”
Afortunadamente para todos, somos testigos del nacimiento de una iniciativa orientada a disminuir el envilecimiento de las instituciones, mediante la fundación del Sistema Nacional Anticorrupción.
La iniciativa, fue secundada de inmediato por el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien presentó ante el Congreso Local, la propuesta correspondiente, promulgándose el uno de junio, y convirtiéndose en Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas.
Formalmente, a partir de tal fecha, tanto el poder ejecutivo, como el legislativo y el judicial, están equipados para disuadir mediante sanciones a los potenciales practicantes de la corrupción. Esperemos entonces que la incidencia corruptiva en la entidad, comience a disminuir para bien de la sociedad tamaulipeca.
