Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Vocería de Seguridad Pública en Tamaulipas, informó que el proceso de entrevistas judiciales que se aplicó a los agentes de Tránsito de los municipios de Río Bravo, Reynosa y Matamoros, tiene su base legal en denuncias que se hicieron contra los agentes por estar haciendo funciones urbanas para grupos de la delincuencia.
Confirma que de los 300 agentes, en 180 se realizaron entrevistas y se revisó si habían cumplido con el examen de control de confianza del C-3.
El vocero de seguridad Luis Alberto Rodríguez, reveló que semanas antes a esta acción judicial, se habían presentado denuncias sobre “la vinculación de algunos agentes de tránsitos con grupos delictivos, para estar pasando información sobre movimientos que realizan las diferentes corporaciones, lo que se llama halconeo”.
Actualmente en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas, el Halconeo está clasificado como un delito grave que se castiga de 7 a 15 años de cárcel e implica la prisión preventiva.
Los Agentes de Tránsito actualmente siguen en funciones.
“Eso es exactamente la razón por la cual la Procuraduría General de Justicia integra las tres denuncias de Reynosa, Río Bravo y Matamoros y lleva a que la semana pasada se acudió al lugar para realizar las entrevistas policiales”.
Aclaró que, no se tomó control de las corporaciones ni se les acuarteló a los agentes de tránsito, “no hubo una situación en ese sentido extrema, pero sí se realizaron las entrevistas policiales”.
Rodríguez, quien anunció la puesta en marcha de un mando central para monitorear los gritos de independencia en los 43 municipios de Tamaulipas, añadió que en el caso de Río Bravo, se realizaron las entrevistas para conocer de los agentes viales, si tenían o no, una relación con la delincuencia organizada.
Dijo que alrededor de los 300 agentes de los tres municipios, se hicieron entrevistas a 180 elementos.
Sobre los señalamientos que hizo el alcalde de Río Bravo Juan Diego Anzaldúa sobre que, Javier Hinojosa había estado siempre a disposición de colaborar y sin embargo el Estado dijo que se había dado a la fuga, el vocero de seguridad señaló que, contra quién había una orden de localización era con el Comandante Operativo, el subalterno del “escuadrón vial”.
Remarca: “Es una orden de localización para que rinda una declaración para saber porqué se están dando estas denuncias, eso es exactamente lo que sucedió”.
