Sutherland.- Devin Patrick Kelley, quien asesinó a 26 personas en una iglesia de Texas el domingo pasado, estuvo internado en un centro de salud mental en Nuevo México cuando era militar luego de amenazar de muerte a sus superiores, pero logró escapar, indicaron ayer medios estadunidenses.
El agresor también fue descubierto cuando intentó meter armas a la base Holloman de la Fuerza Aérea de Nuevo México, mientras estuvo en funciones allí, de acuerdo con un reporte de la policía de El Paso, Texas.
Tras las amenazas, Kelley fue enviado a un centro de salud mental ubicado en Santa Teresa, Nuevo México, pero escapó y luego lo encontraron en una estación de autobuses en el centro de El Paso en 2012, según un informe policial publicado en el portal de la cadena KPRC de Houston.
El Pentágono se negó a confirmar la noticia, aunque aseguró que nunca realiza comentarios sobre problemas sicológicos de los militares.
Pero un testigo que informó sobre la desaparición de Kelley declaró a los oficiales que el joven, que entonces tenía 21 años, “sufría problemas sicológicos y quería escapar” de la clínica en un autobús, según un informe de la policía.
Por otra parte, en la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs, los investigadores continúan analizando la escena del crimen, luego de que Kelley matara a 26 personas e hiriera a veinte.
El agresor falleció por los balazos que recibió de dos civiles que lo persiguieron y luego se dio un tiro en la cabeza, según la policía.
Por el momento, las autoridades se enfocan en concluir con la investigación en la iglesia, señaló Freeman Martin, director regional del Departamento de Seguridad Pública de Texas.
Una pareja hispana conformada por Roxana Solís y Joaquín Ramírez, dos de los cerca de 20 sobrevivientes dijeron que el agresor repasó todas las filas de la iglesia en busca de gente con vida para propinarles un disparo mortal.
Además, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) reconocieron tener dificultades para acceder al celular de Kelley.
Christopher Combs, agente especial del FBI a cargo de la ciudad texana de San Antonio, explicó que “el avance de la tecnología, de los teléfonos celulares y de la capacidad de cifrarlos” hace más difícil acceder a los dispositivos.
Combs declinó identificar qué tipo de dispositivo usaba Kelley en un esfuerzo por no alentar a otros delincuentes potenciales a comprar el mismo tipo de teléfono.
El FBI y otros funcionarios se quejan de no poder desbloquear y obtener evidencia de los dispositivos confiscados de los sospechosos, aún teniendo una orden judicial.
Pero las compañías tecnológicas se niegan a ofrecer su ayuda bajo el argumento de que deben proteger la privacidad de sus clientes.
Según las autoridades, Kelley amenazó a su suegra por mensajes de texto y estaba involucrado en una disputa doméstica con su actual esposa.
Había un conflicto. Él estaba molesto con su suegra”, aunque se negraron a dar más detalles.
En la conferencia de prensa, el nombre del agresor no se mencionó debido a que las autoridades estatales aseguran que pretenden evitar decirlo para no glorificarlo.
