Xalapa, Ver.- Una juez de control dictó vinculación a proceso a 16 policías y tres exmandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) señalados por su presunta participación en delitos de desaparición forzada, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016).
Después de 15 horas de audiencia, la juez ratificó la medida cautelar oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso. En tanto, otorgó a la Fiscalía General del Estado (FGE) un periodo de cuatro meses de investigación complementaria.
En su exposición, la juez consideró que había elementos suficientes para considerar que Arturo “N”, exsecretario de Seguridad Pública (SSP), Roberto N, ex director de la Fuerza Civil, y Oscar “N”, ex director de prevención y readaptación social, “implementaron una política ilegal y clandestina de presunto combate a la delincuencia organizada”.
Según la determinación de la juez, Arturo N, Roberto N y Oscar N, “utilizaron el aparato de poder para desaparecer personas de manera sistemática, ilegal y clandestina”.
En esta política implementada, donde son considerados “autores mediatos”, se contemplaba la detección, detención, interrogación, y desaparición forzada de personas con presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
A los 16 policías la jueza los consideró autores materiales de la desaparición forzada agravada de 15 personas, entre quienes se encuentran mujeres y menores de edad.
Entre los 89 datos que presentó la Fiscalía General del Estado (FGE) en la solicitud de vinculación a proceso, destacó la presencia de múltiples tarjetas informativas, donde los elementos policiacos notificaban de la intervención de personas a sus superiores jerárquicos, testimonios de cuatro sobrevivientes, y cuatro entrevistas con exelementos de la Fuerza de Reacción, que participaron en desapariciones forzadas.
En su solicitud de un plazo para el cierre de la investigación complementaria, que la juez fijó en cuatro meses, la FGE dijo que realizará un análisis de contexto para determinar la sistematicidad, peritos para determinar la “autoría mediata” de los mandos, pruebas de ADN, y recabar testimonios.
