Johannesburgo.- El fiscal general de Sudáfrica, Shaun Abrahams, fijó el 15 de marzo como fecha límite para comunicar su decisión sobre si impulsará un proceso judicial contra el expresidente Jacob Zuma por 783 cargos por corrupción relacionados con una adquisición de armamento a finales de los años 90.
Según informó este lunes la televisión pública sudafricana SABC en base a declaraciones de un portavoz de la Fiscalía, Abrahams y su equipo ya revisaron todas las pruebas existentes y están listos para pronunciarse.
Sin embargo, la comunicación oficial depende de una serie de requisitos técnicos como una notificación previa al Consejo para el Desarrollo Constitucional de Sudáfrica (CASAC, encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución).
El origen de estos casi 800 cargos contra el expresidente de Sudáfrica se remonta a 1999, pero han seguido un camino judicial complejo.
Los cargos fueron presentados por la Fiscalía en 2007, poco después de que Zuma derrotara al entonces presidente de la República, Thabo Mbeki, en el congreso para elegir al siguiente líder del partido gobernante desde el fin del apartheid, el Congreso Nacional Africano (CNA).
En 2009, con Mbeki ya fuera de la presidencia, la Fiscalía retiró los cargos al considerar que se habían presentado como venganza política contra Zuma, quien dirigiera el país de 2009 a 2018.
En mayo de 2016, impulsados por la oposición -que recurrió la decisión al considerar que la Fiscalía actuó bajo presión política-, la Justicia ordenó restaurar de nuevo los cargos.
Los tribunales rechazaron los argumentos presentados posteriormente por Zuma contra la anulación de la invalidación de los cargos.
De ese modo, la iniciativa sobre si impulsar un proceso judicial contra el ahora expresidente quedó de nuevo en manos de la Fiscalía.
Sin embargo, la propia continuidad de Abrahams (visto en el país como sumiso con Zuma) se mantiene en vilo ya que a finales de 2017 el Tribunal Superior de Pretoria invalidó su nombramiento como fiscal general, al considerar que su entrada y la salida de su predecesor se habían realizado de forma ilegal, aunque la decisión se encuentra apelada.
El curso de ese conflicto podría afectar a la evolución de los cargos contra el exmandatario.
Por su parte, Zuma dimitió de la presidencia sudafricana el pasado 14 de febrero, presionado por su propio partido ante los múltiples escándalos de corrupción que le salpican.
