Ciudad de México.- Tras el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994, en México se brindó seguridad a candidatos con operativos que funcionan con base en usos y costumbres, porque no están inscritos en ninguna ley.
Funcionarios del Gabinete de Seguridad del gobierno federal consideran que la protección de los candidatos debe estar inscrita en la Ley de Seguridad Nacional y que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) debe tener un protocolo coordinado desde la Segob. Agregaron que la carencia de protocolos se debe a que dicha ley no está bien hecha y el Cisen no tiene una estructura normativa para el caso.
Al respecto, Cecilia Soto, Francisco Labastida Ochoa y Gabriel Quadri, candidatos presidenciales de 1994, 2000 y 2012, respectivamente, opinaron que es necesario que quienes aspiran a llegar a Los Pinos sean debidamente custodiados.
SEGURIDAD A LA DERIVA
Los operativos de seguridad para los candidatos a puestos de elección popular —alcaldes, diputados, senadores, gobernadores y Presidente de México— como los que se
disputarán en las elecciones del próximo 1 de julio funcionan por usos y costumbres porque formalmente no están inscritos en ninguna ley.
El Instituto Nacional Electoral (INE), como responsable del proceso, no tiene ninguna facultad legal en materia de seguridad. El INE actúa solamente como intermediario entre algún aspirante o partido político que solicite mecanismos de seguridad y la Secretaría de Gobernación (Segob).
El pasado 21 de febrero, la Segob tuvo una reunión con ocho presidentes de partidos políticos nacionales, con excepción de Morena, para realizar un diagnóstico sobre el tema y poner en marcha alguna estrategia. Sin embargo, a raíz de que el precandidato Ricardo Anaya es relacionado en un caso de lavado de dinero, la dependencia perdió la interlocución de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional.
Las corporaciones policiacas municipales, estatales y el Estado Mayor Presidencial, que en sus respectivas competencias protegen a los aspirantes, lo hacen sin un marco legal exprofeso y con protocolos de seguridad pública, cuando el tema se perfila como de seguridad nacional.
Funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad del gobierno federal opinaron que la seguridad de los candidatos electorales debía estar inscrita en la Ley de Seguridad Nacional; se pronunciaron porque el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) tenga un protocolo coordinado desde la Secretaría de Gobierno de la Segob y que por ley, los Grupos de Coordinación de los estados (que no existen en todos) se hagan cargo de la seguridad de los aspirantes.
Candidatos de tres distintas elecciones presidenciales, Cecilia Soto, 1994; Francisco Labastida Ochoa, 2000 y Gabriel Quadri de la Torre, 2012, consultados por
Excélsior sobre el tema de seguridad para los candidatos a puestos de elección popular, opinaron que es conveniente que quienes aspiran llegar a Los Pinos sean debidamente custodiados.
DEBE HABER SEGURIDAD: SOTO
Cecilia Soto, candidata presidencial por el Partido del Trabajo en 1994, año en que fue asesinado el priista Luis Donaldo Colosio, dijo:
Yo creo que sí debe haber seguridad para los candidatos. Más cuando desde hace 10 años hay récord de candidatos asesinados: un candidato a gobernador del PRI (se refiere a Rodolfo Torre Cantú en Tamaulipas), muchos presidentes municipales, candidatos a presidentes municipales, el último, el compañero del PRI, diputado federal con licencia, Francisco Rojas”. Fuente Excélsior.
