Ante la posibilidad de un “albazo legislativo”, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción pidió al Senado postergar los nombramientos de los fiscales General de la República y Anticorrupción hasta después de la elección del próximo 1 julio.
Mariclaire Acosta Urquidi, titular del Comité de Participación Ciudadana, aseguró que puede haber un nombramiento del fiscal general en estos días, lo que tendría consecuencias muy graves no sólo para la procuración de justicia, sino para el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
“Es por eso que estamos pidiendo la postergación de estos nombramientos y la realización de un gran diálogo nacional al respecto”, dijo.
Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana, indicó que la posibilidad existe y que no sería la primera vez que en el Congreso se diera un “albazo” en un nombramiento.
“Esto podría suceder porque el partido dominante [PRI] ya tiene la mayoría suficiente para aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y por consiguiente al fiscal general”, consideró.
El abogado y activista recordó que aún está pendiente la eliminación del pase automático de procurador a fiscal general, porque si bien el Congreso de la Unión derogó esa disposición en el artículo 16 transitorio de la reforma en materia política-electoral en diciembre pasado, los congresos locales no han hecho su trabajo.
Según la página de seguimiento a las reformas constitucionales que lleva el Senado, sólo Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Sonora y Tamaulipas han aprobado los cambios realizados por el Congreso y faltan al menos 12 legislaturas locales para que los cambios entre en vigor.
Ambos expresaron que antes de esos nombramientos, primero deben realizarse diversas reformas constitucionales, como modificaciones al artículo 102 de la Constitución sobre el método de elección del fiscal general y el diseño de una fiscalía que sirva, como lo demandan diversas organizaciones como #FiscalíaqueSirva y #VamosporMás.
Dichas organizaciones han expresado que el actual andamiaje legal mantiene a la fiscalía general bajo la subordinación del poder político, por lo que se requieren cambios como la autonomía del área pericial, un servicio profesional de carrera y mayor transparencia para tener una institución eficaz.
Pérez de Acha aseguró que la posición del Comité de Participación Ciudadana es que no se pueden plantear ni nombramientos del procurador General de la República, ni reformas al artículo 102 constitucional, ni nombrar al fiscal general, si previamente no se consuma la eliminación del pase automático.
Sin condiciones: Cordero. El presidente del Senado, Ernesto Cordero (PAN), rechazó que se prepare un albazo e incluso dijo que no ve las condiciones para que a corto plazo salgan los nombramientos.
“Quien los entiende, primero nos urgen a que avancemos en esos nombramientos y luego a que no tomemos las decisiones… No sé por qué, pero siempre sale el rumor que van a desempolvar esa minuta y la van a votar, no hay ninguna posibilidad de que eso suceda, no veo condiciones ni voluntad para que eso suceda”, comentó en entrevista el senador blanquiazul.
Cordero Arroyo explicó que será Junta de Coordinación Política (Jucopo) donde se tendrá que construir la mayoría necesaria para que tener un fiscal General de la República y “si hay condiciones, pues bienvenido y si no, que sigan trabajando en la construcción de esto”.
El presidente de la Cámara Alta recordó que fue el senador con licencia Roberto Gil Zuarth quien metió en un cajón la llamada “minuta Anaya”, que impulsó el entonces presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, porque fue producto del acuerdo que en su momento tuvo con el gobierno para hacer fiscal al procurador General de la República: “Aquí fue donde detuvimos ese albazo”.
Urgen a completar sistema. Veinte de los 32 Comités de Participación Ciudadana locales que lograron completarse, hicieron un llamado al presidente Enrique Peña Nieto, al Congreso y cámaras de diputados estatales, con el objetivo de completar los nombramientos que faltan y que asuman su responsabilidad para el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, explicó.
En la librería Rosario Castellanos, del Fondo de Cultura Económica, Acosta Urquidi leyó un pronunciamiento de los Comités de Participación Ciudadana locales, en el cual consideraron urgente que el Senado designe a los 18 magistrados que sancionarán faltas administrativas graves en materia de corrupción, bajo principios del parlamento abierto, transparencia, máxima publicidad y con la participación de la sociedad.
También señala que la Cámara Alta solicite al presidente Peña Nieto justificar la idoneidad de los 18 magistrados propuestos para integrar la Sala Especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que den a conocer los criterios con los que ratificarán o rechazarán esos perfiles.
También exigieron a la Cámara de Diputados que retome el procedimiento para elegir al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Pérez de Acha convocó a un foro nacional para genera una nueva propuesta de la Ley de Fiscalía General de la República, donde se involucre a expertos, a la sociedad civil, partidos políticos y empresarios, entre otros, para hablar sobre el nuevo diseño institucional, sus alcances, las facultades que tendrá, el perfil del titular de la Fiscalía y el servicio profesional de carrera, entre otros temas importantes a discutir.
