Madrid.- La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, insistió hoy en que el exmandatario Luiz Inacio Lula de Silva es “inocente” y dijo que el Partido de los Trabajadores (PT) luchará y llegará a “todas las instancias jurídicas” para que pueda mantenerse como candidato en las elecciones presidenciales de octubre próximo.
En una conferencia-coloquio pronunciada en Casa de América de Madrid, Rousseff pidió la “solidaridad internacional” para defender al izquierdista Lula, encarcelado desde el sábado por una condena de doce años en segunda instancia por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Nuestro candidato sigue siendo Lula, es una cuestión de justicia, es inocente, y si quieren sacarlo de la carrera electoral deberán ser ellos con sus métodos”, dijo la heredera política de Lula en alusión a quienes promovieron su condena y encarcelamiento.
Rousseff vinculó su destitución como presidenta en 2016, debido a unas irregularidades en las cuentas públicas, y el caso de Lula a un “golpe parlamentario y mediático” en Brasil.
Auguró que Brasil no saldrá de esta situación sin elecciones, pero siempre que se respeten los resultados, al tiempo que negó que exista un clima para un golpe militar en el país.
Rousseff, que intervino en un acto organizado por la Cátedra de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Carlos III y Casa de América, fue interrumpida varias veces por aplausos de parte de la audiencia y gritos de “Lula, libre”.
El PT deposita parte de sus esperanzas en el miércoles, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil podría debatir una alteración de normas que podría dejar a Lula libre.
El expresidente izquierdista, de 72 años, es el favorito de los sondeos, con una clara ventaja sobre Jair Bolsonaro, diputado ultraderechista y defensor de la dictadura militar (1964-85).
Se podría debatir la modificación de una norma que permite encarcelar a personas condenadas cuando aún disponen de recursos judiciales.
Inicialmente, Lula fue condenado en julio de 2017 a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y blanqueo de dinero, como beneficiario de un apartamento ofrecido por la constructora OAS a cambio de su mediación para obtener contratos con la petrolera estatal Petrobras.
En enero de 2018, un tribunal de segunda instancia elevó la pena a doce años y un mes de reclusión.
