Caracas.- El fiscal general, designado por la Asamblea Constituyente de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado este jueves la detención de 11 miembros de la junta directiva de Banesco, el principal banco privado del país, acusados de favorecer, “por acción u omisión” una red de transacciones cambiarias ilegales existentes en la frontera con Colombia, alimentadas por el dólar del mercado negro, a través de la cual muchos emigrantes venezolanos estaban enviando remesas a sus familiares. Banesco es propiedad de Juan Carlos Escotet, venezolano hijo de españoles, propietario de la sociedad financiera Abanca.
En su pronunciamiento, el fiscal general dejó entrever que tales operaciones forman parte del “ataque sistemático a la moneda nacional”, llevado adelante por “mafias económicas”, a través de las cuales, según él, se realizan gestiones clandestinas para extraer de circulación el papel moneda del país, que en este momento es casi inexistente.
Los gerentes afectados integran la plana mayor de la institución: Oscar Doval, presidente ejecutivo; Marco Tulio Ortega, consultor jurídico; Jesús Guillermo Irausquín, vicepresidente; Teresa Di Prisco Pascale, oficial de cumplimiento; Liz Sánchez, directora; Carmen Teresa Lorenzo, oficial de cumplimiento; Carlos Martín Lorenzo, vicepresidente; Pedro Pablo Pernía, vicepresidente; Belinda Payares, vicepresidente; Davis Antonio Romero, gerente; y Cosme Betancourt, gerente. Ellos, según Saab, están acusados e investigados “por incumplimiento en sus funciones”. El fiscal general informó de que, en total, hay detenidas 134 personas y otras 394 tienen órdenes de aprehensión.
Los directivos de Banesco fueron llevados a declarar la noche anterior sobre este caso, pero no a tribunales ordinarios, sino a la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Según los reportes, antes habían sido invitados a una reunión, aparentemente de rutina, ante la Superintendencia de Depósitos Bancarios, Sudeban, y luego llevados por sorpresa a la sede de la Inteligencia Militar, con el objeto de rendir cuentas de sus actos.
Hubo, por entonces, fuertes rumores en torno a su posible aprehensión, que fueron negados por la propia directiva de Banesco, institución que había emitido una declaración en su cuenta de Twitter en la cual se afirmaba que los ejecutivos simplemente colaboraban con las autoridades en el esclarecimiento del caso y que todos estaban completamente serenos, en virtud de que “nuestras acciones siempre han estado ajustadas al derecho y la legalidad”. Parte importante de estos gerentes ya estaban presos cuando Saab hizo el anuncio oficial correspondiente.
La Fiscalía General de la República no estaría acusando a estas personas de orquestar la existencia de estos grupos, sino de no haber cumplido con su deber. La Vicepresidencia de la República emitió un comunicado en el cual señala que estas personas “omitieron una serie de irregularidades que no fueron notificadas a la Superintendencia de Depósitos Bancarios (Sudeban)”.
Un día antes de este anuncio, el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, presentaba en la televisión estatal los detalles de la operación Manos de Papel, concebida por el Ejecutivo Nacional, “para desmantelar estas redes económicas clandestinas, que afectan la calidad de vida del venezolano “, y que operan bajo un contexto de estricto control cambiario, en una economía hundida en los dominios del mercado negro, cuyos dígitos inflacionarios y cambiarios están completamente fuera de control.
De acuerdo con la interpretación oficial, la operación de estos grupos propina duros golpes a la estabilidad económica del país. El Aissami aseguró que las pesquisas han obligado al Gobierno a congelar 1.133 cuentas bancarias ilegales, 90% de las cuales pertenecerían a Banesco.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha mantenido en vigor un draconiano régimen de control cambiario, heredado de los años de Hugo Chávez, cuya existencia alcanza ya los 14 años. Esta medida se ha convertido en la palanca para la gestación de un sinfín de negociados ilegales de actores privados, pero sobre todo de funcionarios públicos, ministros, viceministros, superindententes, militantes chavistas y efectivos militares, que han podido multiplicar sus fortunas especulando con la existencia de tres tipos de cambio y el contrabando de extracción de comida y materias primas. Esta circunstancia, de carácter crónico, ha producido una enorme sangría de divisas en el país, y explica en buena medida el estado actual de quiebra de Venezuela.
El Aissami ha anunciado también que, a partir de este momento, han sido autorizadas la existencia de casas de cambio –que llevan más de 10 años desaparecidas del país–, pero en la frontera, y “las zonas económicas especiales”, con el objeto de que los ciudadanos puedan cambiar sus recursos sin inconvenientes.
Académicos y economistas llevan mucho tiempo pidiendo al Gobierno que levante los controles y reformule su estrategia monetaria, cambiaria y fiscal, con el objeto de retomar la senda del crecimiento y conjurar la hiperinflación. Tras ser negada de plano la medida, los voceros calificados chavistas atribuían el vigor de los vaivenes especulativos con el dólar a la existencia de la web Dólar Today, un portal de carácter opositor que opera desde el exterior, muy activo en las redes sociales, y que todos los días violenta las regulaciones oficiales, haciendo público el precio del dólar negro, que es el aceptado en la compra y la venta, cuya tasa no es reconocida por el Gobierno y no puede decirse en público.
